Los sindicatos preparan una batalla judicial contra los bomberos privados

La pelea de los bomberos para poner freno a la privatización de los parques comarcales ya no será con bocinas, pancartas y gases de colores ante los edificios administrativos de la Xunta. El conflicto trasciende ya a las federaciones sectoriales de los sindicatos. Las direcciones de UGT, Comisiones Obreras y CIG han pactado iniciar una batería de denuncias en los tribunales para poner fin a un modelo, la subcontratación de personal en los servicios de emergencias, único en España, que Galicia inauguró en 2001.

En la actualidad, a la espera de que este año se abran los primeros tres parques en Lugo, cuya privatización negocian ya la Consellería de Presidencia y la Diputación, de las 17 estaciones comarcales que se han instalado en la comunidad, 16, todas menos la del Deza, ubicada en Silleda, están en manos de empresas privadas. La intención de la Xunta es perpetuar la fórmula, que según el conselleiro Alfonso Rueda "funciona aceptablemente en el resto de Galicia", para abrir los parques de Barreiros y Sarria durante 2010 y que los de Chantada, Viveiro y Vilalba sigan después el mismo camino.

Fuentes sindicales han confirmado a este diario que la decisión de impugnar el modelo que se pretende implantar en Lugo desde los tribunales cuenta con el aval de las cúpulas nacionales de UGT y CC OO que están dispuestas a agotar todas las vías judiciales y evitar que la subcontratación de empresas para que administren los parques de bomberos pueda ser copiada por otros gobiernos autonómicos.

A la espera de recibir el informe jurídico que han encargado, las centrales, incluida CIG, han pactado emplear una doble vía si se confirma la privatización en Lugo: el recurso al tribunal de lo contencioso-administrativo "contra la privatización de un servicio público" y una segunda demanda que se presentará en los juzgados de lo social. Esta última denuncia tendría como base la "cesión ilegal de trabajadores" por parte de las empresas concesionarias a los distintos consorcios provinciales. Sus alegaciones se dirigen sólo a la red de parques de Lugo, dado que recurrir las fórmulas de los consorcios en el resto de provincias sería un acto extemporáneo.

Los tres sindicatos coinciden en que las subcontratas operan como meras intermediarias para evitar que el personal de las emergencias tenga la categoría de funcionario y dependa directamente de las administraciones públicas (Xunta o diputaciones, que integran los consorcios).

Los argumentos que manejan las centrales parten de la idea de que las adjudicatarias de los parques "no prestan servicio, ni siquiera compran medios para equipar las instalaciones, un gasto que comparten Xunta y diputaciones". La petición de los sindicatos para que Presidencia revierta el modelo, a lo que finalmente se había comprometido el bipartito después de las repetidas protestas de los colectivos de emergencias, está acompañada de un informe comparativo que "prueba que los parques consorciados de gestión directa no son más caros" que los que ya operan en Galicia. Desde CC OO calculan que el beneficio que ingresan empresas como Veycar, SL, Natutecnia y la UTE Celta Prix Invercon, SL, concesionarias de los parques en A Coruña, Pontevedra y Ourense, ronda el 35% de sus presupuestos.

El informe censura además que estas firmas apenas apuesten por la formación de sus trabajadores, clave para las urgencias que deben atender. También cuestiona que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de provincias españolas, las guardias en los parques gallegos se encomienden a equipos de sólo tres personas. Por su parte, la Xunta ha mostrado su disposición a ir mejorando paulatinamente los sueldos de los bomberos privados y garantiza que serán formados en los cursos que imparta la Academia Galega de Seguridade.