El 'mobbing' inmobiliario se paga

Un juez condena a una compañía a indemnizar con 36.000 euros a tres vecinos por acoso - La empresa permitió los pisos patera y la prostitución en el edificio

Tres personas cuyas edades oscilan entre los 70 y los 75 años serán indemnizadas con 12.000 euros más intereses desde 2003 cada una por los daños morales infligidos por la propiedad de los pisos donde residen, y que se concretó en mobbing inmobiliario.

El Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona declara probado que la inmobiliaria propietaria de su edificio, situado en el número 33 de la calle de Robadors, les sometió a "unas condiciones indeseables, alterando la tranquilidad en el uso pacífico de sus viviendas". Entre otras prácticas, la inmobiliaria cambiaba sistemáticamente el lugar establecido para el pago de los alquileres y luego trataba de conseguir el desahucio de los vecinos aduciendo impago de las cuotas. Además, la empresa consintió en el edificio actividades que alteraban la convivencia, como pisos patera y otros en los que se ejercía la prostitución. La empresa demandada es Sofic Investiments, de nacionalidad samoana, lo que dificultaba a los inquilinos tener un interlocutor para resolver los problemas.

La demanda pedía también que la empresa, que se hizo con la propiedad del edificio en 2003, realizara diversas obras necesarias para el mantenimiento de la finca, pero el juez desestima esta petición ya que los vecinos no presentaron en su día un requerimiento formal a la propiedad, por lo que ésta no pudo darse por enterada.

Dos policías locales que declararon en el juicio afirmaron conocer las prácticas contra los inquilinos. "A todos los inquilinos de renta antigua se les ha sometido a presiones", declaró un agente. "Fueron objeto de desahucio por omisión de cobro, no de pago", señaló otro. Y éste mismo afirmó: ""Existen pensiones clandestinas en los pisos patera, personas en situación irregular, además de prostitución".

Esta sentencia responde a la demanda presentada por tres víctimas de acoso inmobiliario, representadas por el abogado Roger Granados. Paralelamente, la fiscalía presentó una querella que investiga un juzgado de instrucción de Barcelona y que incluye estos mismos casos y varios más hasta la decena. La querella se produjo a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, que le comunicó diversos casos de mobbing en el distrito de Ciutat Vella que, en su opinión, constituían claramente delitos. A partir de ese momento y de diversas investigaciones y denuncias ciudadanas, el Ayuntamiento y la fiscalía firmaron un protocolo para actuar de modo sistemático cuando hubiera casos similares, que con frecuencia afectan a personas de "edad y faltas de recursos económicos".

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