_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

De Garzón al Estatuto

¡Albricias! Parece que, al fin, han caído las máscaras, se han aventado las cortinas de humo y la realidad empieza a aparecer en toda su cruda desnudez. Desvelando lo que era un secreto a voces, ya se explica negro sobre blanco que las más altas instancias del poder judicial español llevan lustros siendo objeto de una concienzuda lottizzazione político-partidista. Ya se habla sin ambages de "mercadeo de votos" o de "pasteleo" entre "progresistas" y "conservadores" en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Ya se explica con toda naturalidad que, para hacer carrera en los estratos superiores de la judicatura, es preciso circular con el carnet en la boca; con el carnet de la pertinente asociación de jueces, que oculta apenas la afinidad con uno u otro de los dos grandes partidos estatales.

¿No presentan varios de los magistrados del Constitucional un perfil sesgado que debería invalidarles para juzgar el Estatuto?

Como saben, el desencadenante de tales revelaciones ha sido la admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, de tres querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, querellas que albergan el palmario propósito de poner fin a la trayectoria judicial del polémico y pugnaz magistrado. Contra esas intenciones se han movilizado prestigiosos juristas de los cinco continentes; y se han sacado a la luz viejos rencores personales de algún miembro del Consejo General hacia Garzón; y se ha radiografiado la tendencia política y la fecha de nombramiento de los 15 magistrados que componen la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo; y se han publicado sentidas cartas de lectores que denuncian la "persecución", la "crucifixión" de que está siendo objeto el juez Garzón. La tesis de fondo de todas estas reacciones es una, y bastante inobjetable: existe entre los querellantes (el montaje ultraderechista Manos Limpias, el partido Falange Española y de las JONS...), y también entre la mayoría de los miembros de la sala que deberá juzgarle, una manifiesta hostilidad ideológica contra Baltasar Garzón. O, como titulaba este mismo diario el pasado domingo, el futuro del hombre que veía amanecer "está en manos de jueces conservadores".

Entretanto, el pobre Estatuto catalán de 2006 lleva ya tres años y medio en el "corredor de la muerte" del Tribunal Constitucional, a la espera de la ejecución, o del indulto, o de una reducción de pena. Pero todavía no ha aparecido ningún titular que diga: "El Estatuto de Cataluña, en manos de jueces españolistas". Los paladines mediáticos de Garzón han hecho muy bien en subrayar que, entre los magistrados prestos a verle en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo, el ponente que firmó la admisión de la querella de Manos Limpias es Adolfo Prego de Oliver, presentador de libros de Pío Moa y "patrono de honor" de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), un lobby ultraespañolista creado en 2006 que denuncia la "pasividad ante el separatismo catalán" y propone reformar la Constitución para liquidar el Estado autonómico. Y bien, aunque más discretos en sus compromisos públicos, ¿no presentan varios de los magistrados del Constitucional un perfil socioideológico parecido al de don Adolfo Prego, un perfil absolutamente sesgado que debería invalidarles para juzgar de modo imparcial el Estatuto catalán?

Si ver al partido del yugo y las flechas querellarse contra el juez que quiso investigar los crímenes del franquismo da grima y descalifica moralmente todo el procedimiento, ¿no debería provocar el mismo efecto ver al PP tratando de ganar, con su recurso de inconstitucionalidad, la batalla contra el Estatuto que perdió repetidamente en las urnas tanto catalanas como españolas? Si, como opinan muchos, la querella de Falange contra Garzón debiera haber sido rechazada, ¿no cabe decir lo mismo y por idénticos motivos del recurso antiestatutario del PP? ¿Por qué, entonces, sólo Santiago Carrillo denuncia sin tapujos la falta de neutralidad del Constitucional? ¿Por qué, en España, Garzón tiene tantos defensores, y el Estatuto tan pocos?

Parafraseando al presidente Montilla, queremos mucho a Garzón, pero todavía queremos más al Estatuto. Aunque sólo fuese porque, ingenuos, casi dos millones de nosotros lo votamos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_