El dinero que llegó 13 años después

"Tienes el futuro resuelto, mi amor. Te lo mereces, hija". Carmen Hernández, de 43 años, acaricia la cara de Patricia y le habla sin parar. "Ahora vas a cenar y luego a dormir, ¿eh?". No espera respuesta, claro. Como mucho, una sonrisa. Porque Patricia no habla. Ni camina. Ni hace nada sola. Lleva así 13 años, los mismos que llevaba su madre esperando que un tribunal, por fin, le dijera lo que ella ya sabía. Que en la maternidad de La Paz, adonde fue a parir en noviembre de 1996, no la atendieron correctamente. La espera acabó ayer, cuando supo que el Tribunal Supremo ha condenado al hospital a pagar una indemnización de 600.000 euros.

Carmen, que entonces tenía 30 años, ingresó a las 8.20 después de romper aguas. Había dificultades, porque el cuello del útero era demasiado estrecho. Pero los médicos no decidieron hacerle una cesárea hasta la madrugada. La niña nació 19 horas después del ingreso. Con una parálisis cerebral por la que le declararon una minusvalía del 75%. El feto estuvo sufriendo mucho tiempo. La sentencia afirma que "la decisión de realizar una cesárea habría debido tomarse antes" y que está comprobado que los daños que sufrió Patricia "habrían podido ser evitados".

El tribunal valora la "extremada gravedad de las secuelas padecidas por la niña, que la acompañarán toda la vida y supondrán una pesada carga -económica y también psíquica- para quienes deben hacerse cargo de ella". Por eso, declara que la indemnización debe ser de 600.000 euros, el importe máximo que suele conceder el Supremo en este tipo de litigios, según explica el abogado que llevó el caso, Rafael Martín Bueno, de la asociación Avinesa.

"Ay, por favor; ay, por favor", repetía ayer al conocer la noticia. Se enteró por una llamada de este periódico. "¡Llevo 13 años esperándolo!", decía, emocionada. Lo último que supo de su demanda fue que la Audiencia Nacional la desestimó en 2005. Pero no se rindió. Sabía que tenía razón. Recurrió y esperó. El Supremo dio por buenos los informes del médico forense y del perito judicial, no como la Audiencia, que se basó en uno de la Escuela de Medicina Legal de la Complutense. Algo que la sentencia califica de "muy cuestionable".

"Voy a comprar una casa adaptada para ella", decía ayer en su piso, de apenas 40 metros cuadrados, en el barrio de la Concepción. Carmen trabaja de 8.00 a 15.00 como técnico de Loterías y Apuestas del Estado. Con su sueldo paga el colegio especial al que acude Patricia, sus sesiones diarias de fisioterapia, la silla de ruedas nueva, el coche que tuvo que comprar porque la niña ya no cabía en el antiguo, los pañales, la hipoteca... Y con la ayuda de la Ley de Dependencia (520 euros) paga a Conchi, la persona que se ocupa de Patricia cuando ella no está. O cuando no puede más. "Hay veces que la llevo a mi casa para bañarla", contaba ayer Conchi. Ella tiene bañera. No como Carmen, en cuyo escueto cuarto de baño sólo cabe un plato de ducha. Con escalón. Las dos tienen problemas de espalda de cargar con la niña.

"Ese dinero es para ella. Es hija única, no tiene más familia", decía ayer. La indemnización la pagará la compañía Mapfre, que era la aseguradora del hospital La Paz (entonces, perteneciente al Insalud) en 1996.