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Las consecuencias de la crisis

La crisis económica radicaliza a la sociedad en contra de la inmigración

Una encuesta del Gobierno revela el aumento del rechazo a los extranjeros

La crisis ha endurecido la opinión que los españoles tienen de la inmigración. A medida que las cifras económicas se hunden, resulta más difícil reconocer a la sociedad tolerante y generosa con los extranjeros de hace sólo tres años. Ésa es la cruda conclusión que se obtiene después de repasar las 394 páginas del informe Racismo y Xenofobia 2009, editado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. El trabajo está basado en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre septiembre y octubre de 2008, justo seis meses después del comienzo de la recesión.

Cada vez son más los españoles que piensan que el número de inmigrantes es excesivo, que las leyes son demasiado tolerantes con ellos o que los extranjeros hurtan trabajos a los nacionales. Para colmo, el estudio advierte que es previsible que, a medida que siga aumentando el número de desempleados, esas opiniones capten más adeptos. Es decir: es razonable pensar que a estas alturas, más de un año después de que fuera realizada la encuesta en la que se basa el informe, el rechazo hacia los inmigrantes es mayor del que muestran los datos que acaban de ser publicados. Éstos son algunos de ellos:

El 77% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes

Tres de cada cuatro piden una política de extranjería más dura

- Hay demasiados inmigrantes. En 1996 sólo el 28% de los españoles decía que los extranjeros eran "demasiados". La cifra creció hasta el 60% en 2005. En 2008, tres años más tarde, la suma entre los que valoraban su número como "excesivo" y como "elevado" se había disparado hasta el 77%.

- Las leyes son demasiado tolerantes. Eso es lo que opina el 42% de los españoles (18 puntos más que cuatro años antes). Si a ellos se les suma el 32% que las considera "más bien tolerantes", cabe concluir que nada menos que tres de cada cuatro encuestados demandan una política de inmigración más dura.

- Expulsión de parados y delincuentes. El 68% considera muy o bastante aceptable que sean expulsados "los inmigrantes legalmente instalados que cometan cualquier delito". Y cuatro de cada diez encuestados se muestra "muy de acuerdo" o "más bien de acuerdo" con la siguiente afirmación: "Si alguien que viene a trabajar aquí se quedara en el paro durante mucho tiempo, debería ser expulsado del país".

- Los españoles, primero. El 42% de los encuestados cree que los españoles deberían tener preferencia a la hora de acceder a la atención sanitaria, y un número aún mayor, el 55%, es partidario de que tengan ventaja en la elección de colegio para sus hijos.

- El trabajo, para los nacionales. Nada menos que el 21% considera "muy aceptable", y otro 39% ve "bastante aceptable", que los españoles tengan preferencia en el acceso al mercado laboral. El total de partidarios de esa discriminación asciende, pues, al 60%. Tan solo el 9% la considera "nada aceptable". El 23% cree que es "poco aceptable".

- Freno al asilo político. En sólo un año, aumenta a más del doble (del 11% al 26%) el número de españoles que están de acuerdo con acoger sólo a un número limitado de solicitantes de asilo, aunque se haya comprobado que están realmente perseguidos.

- Crece la oposición a dar derechos sociales y ciudadanos. Cae el número de personas partidarias de conceder derechos sociales y de ciudadanía a los inmigrantes, aunque éstos estén "instalados en España de manera estable". Solamente el 55% de los encuestados les daría voto en las elecciones generales, el 69% lo haría en los comicios municipales y también el 69% defiende su derecho a la obtención de la nacionalidad.

- Demasiadas ayudas. Los inmigrantes son el grupo de población que más protección recibe del Estado. Eso es lo que opina el 58% de los españoles (cuatro puntos más que en 2007). Y uno de cada dos encuestados afirma que, aunque tengan los mismos ingresos que los españoles, se les dan más ayudas sanitarias y educativas.

- Los extranjeros deterioran los servicios. Crece la asociación entre la inmigración y el deterioro de los servicios públicos (sanidad y educación), pero también aumenta la opinión de que los extranjeros deterioran las condiciones laborales, hacen aumentar el desempleo y, "al aceptar sueldos más bajos, hacen que bajen los salarios" de los españoles. Por el contrario, también crece (en dos puntos) el número de los que piensan que los inmigrantes "desempeñan los trabajos que los españoles no quieren hacer".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2010