La Fiscalía presenta una denuncia tras la queja de Ábalos por presunta revelación de secretos por filtraciones en el ‘caso Koldo’

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid tras haber estudiado un escrito de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE durante el mandato de Pedro Sánchez, en el que se queja de que hubo una presunta revelación de secretos y de datos personales en las filtraciones de documentos sobre el caso Koldo. La denuncia de la Fiscalía ha caído en el juzgado 33 de Madrid, según fuentes judiciales.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal da cuenta de “la interposición de denuncia, que ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid, estando pendiente de reparto”, tras concluir las diligencias de investigación preprocesal. Ábalos, adscrito en el Grupo Mixto del Congreso tras haber sido expulsado del PSOE, anunció el pasado 24 de julio que presentaba su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al caso Koldo que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación.

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes subrayó que, al menos de momento, sigue sin tener la condición de investigado en esa causa judicial y se quejó de que esas filtraciones no han sido objeto de reproche penal ni de investigación “por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal”.

Además de “delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos”, también denunciaba la “omisión de perseguir delitos”, es decir, inacción ante estas filtraciones.

El que fuera responsable de Organización del PSOE con Pedro Sánchez incidió en que ni la Guardia Civil ni el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso han iniciado actuación alguna para detectar de dónde provienen las filtraciones, que están haciendo —señaló— un “daño enorme” a su reputación personal y profesional.

A su juicio, con esas filtraciones se ha establecido un “estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad” no de personas que tienen relevancia pública como él, sino de otras que “no tienen nada que ver” y que, según recrimina, “ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor”.

En el escrito que presentó ante la Fiscalía, Ábalos señalaba que se están difundiendo “con sistemática precisión” datos sobre su vida privada, como viajes o estancias, “cuyo conocimiento obviamente sólo es posible por información recabada en registros administrativos y policiales”.

El diputado recalcaba que se trata de datos que nada tienen que ver con los hechos que investiga el Juzgado que lleva el magistrado Ismael Moreno y denunciaba que están siendo publicados por medios contra los que él ya tenía abiertas actuaciones en el orden civil y penal y que están haciendo “juicios paralelos que se van dosificando en su difusión”.

Todo ello le llevaba a concluir que se está realizando sobre él una “investigación no controlada” e incluso sospecha que ésta pudo arrancar antes de que se empezara a investigar judicialmente el caso Koldo. En concreto, apuntaba que la investigación pudo iniciarse después de que en febrero de 2020, relevara a un cargo de la Guardia Civil cuando realizó cambios en la Unidad de Emergencias y Coordinación de Crisis del Ministerio de Transportes.

Ábalos destacaba que los medios que se hicieron eco de aquel relevo son los que están publicando informaciones ahora, que los investigadores etiquetan los documentos que se están filtrando, dándoles distintos niveles de importancia, que no se borran datos personales de los documentos y que no van acompañados de un informe policial que “soporte su eventual relación con la causa”.

Asimismo, hacía hincapié en que “es obvio” que la difusión de estos documentos “ha sido consentida”. “Y el foco —añadía— se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta”.

El exministro también pedía que el Ministerio del Interior aclare si las Fuerzas de Seguridad hacen consultas sobre él su familia y que se tome declaración a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asociados a la investigación.

Durante su comparecencia, Ábalos expresó que las filtraciones también podrían venir de las partes personadas en el caso, pero no apuntaba a ellas en su denuncia. “Me estoy refiriendo a funcionarios públicos, a nadie más”, dijo.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copia certificada de la auditoría interna que reveló una orden ministerial firmada por el exministro José Luis Ábalos en la primera compra a la empresa clave de la trama donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de “tan solo 38 minutos”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno también requiere en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press “la indicación de los funcionarios que procedieron a su elaboración, comisionando para la ejecución de esta diligencia a la Unidad de Policía Judicial encargada de la presente investigación”.

Auditoría del ministerio

Ese informe, presentado en el Senado por el ministro Óscar Puente, señala que un día antes de esa orden, el 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia del coronavirus, se realizó una estimación de cuatro millones de mascarillas para los 15 primeros días del primer estado de alarma. Fue un día después cuando Ábalos firmó una nueva resolución para duplicar ese número, según consta en el informe.

Por otro lado, el juez Moreno también ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede llamar a declarar como testigo en la causa al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que lo haya solicitado la asociación Liberum, que ejerce de acusación popular.

En una providencia aparte, el magistrado da por recibido el escrito de la asociación que, entre otras cuestiones, destacaba que la declaración de Puente es necesaria y útil para el procedimiento en el que se encuentran investigados varios exaltos cargos de su departamento.

Liberum, en concreto, recordaba que Puente señaló que el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, se produjo “como consecuencia de la pérdida de confianza hacía éste por motivo de su situación procesal como investigado en las presentes diligencias de investigación”.

En este contexto, la asociación solicita la testifical del ministro para que declare sobre “la información y conocimiento que los investigados le hubieran compartido o que hubiera podido tener acceso, respecto de los hechos objeto de las presentes diligencias previas y sus ampliaciones, especialmente la vinculación de Gómez García” y también del que fuera jefe de personal de ADIF Michaux Miranda, cuyo cese fue anunciado también el pasado viernes.

La presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia recibe su nombre de Koldo García, que era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.