Gramepark adjudicó a dedo y sin proyecto obras por seis millones

La interventora advirtió sobre irregularidades de la sociedad del 'caso Pretoria' - El gerente defendió que el proyecto era urgente porque "había ratas" en la zona

En enero de 2009 las advertencias sobre irregularidades en Gramepark fueron insistentes. Maite Carol, ex interventora de Santa Coloma de Gramenet alertó de que la empresa pública de servicios, hoy en el centro de la investigación de la trama Pretoria, adjudicó a dedo, sin que hubiera ningún proyecto, obras por más de seis millones de euros. Ese mismo mes, una auditoría externa que situaba a la sociedad al borde de la quiebra técnica señaló que el Ayuntamiento encargaba obras a Gramepark sin que éstas estuvieran presupuestadas.

La empresa municipal adjudicó en 2007, por encargo del Ayuntamiento y sin concurso público, las obras de unos locales de la plaza de Olimpo adonde debían ir los Servicios Territoriales y un centro cultural a la constructora Faus por 6,14 millones de euros. En diciembre de 2008, Gramepark reclamó al Ayuntamiento que le abonara esos gastos. Cuando esta petición llegó al despacho de la interventora un mes después, en enero de 2009, ésta lo rechazó y emitió un informe negativo al considerar que la adjudicación por vía de urgencia no estaba justificada.

El teniente de alcalde Joan Carles Mas recibió una copia del texto
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Maite Carol argumentó que la junta de gobierno encargó a Gramepark que realizara las gestiones para reubicar las dependencias municipales el 16 de enero de 2007, mientras que el Consejo de Administración de la sociedad pública aprobó los gastos correspondientes a las obras el 18 de diciembre de 2008. "No se puede afirmar que se haya producido una situación de urgencia, a la vista de la duración de todo el proceso productivo, de más de años", apuntó la interventora en el documento.

El informe fue remitido al entonces gerente de Gramepark, Manel Sierra, que fue destituido por los administradores de la Oficina Antifraude cuando éstos hallaron supuestas irregularidades en su gestión. No era el único que conocía ese informe. Según consta en los documentos a los que ha accedido este diario, Sierra mandó una copia de la respuesta a este informe al ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz; al actual primer teniente de alcalde, Joan Carles Mas; al ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, y al secretario general del Consistorio, Francisco Javier Ezquiaga.

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La respuesta de Sierra, del 14 de mayo de 2009, ocupa cuatro folios en los que muestra la "sorpresa generalizada" que causó en Gramepark que la interventora considerara que no era urgente la reubicación de las oficinas municipales, que entonces estaban en la calle del Doctor Ferran, a pesar de que tuvo dos años para ejecutarla. Según Sierra, el destino final de esas dependencias no se conoció hasta julio de 2007, por lo que el tiempo transcurrido era en realidad de un año y medio y no dos.

La obra era urgente "en ese momento y no antes" porque había peligro en los edificios donde debían hacerse las obras. Según dijo Sierra en la respuesta al informe de la interventora, "se creó un problema grave de salubridad" con la "aparición de ratas", por lo que debía cambiarse toda la red de saneamiento. Además, dijo que en un local colindante se detectó un problema de "aluminosis".La ex interventora, que el Ayuntamiento apartó de sus funciones la semana pasada, también advirtió en su informe de que el proyecto de la plaza de Olimpo se había aprobado "sin el proyecto correspondiente". La respuesta que dio por escrito el antiguo gerente de la empresa pública Gramepark fue: "Ya nos habría gustado que hubiera sido posible, ya que todo es mucho más sencillo si el proyecto está redactado".

Es más, Sierra aseguraba en el informe de respuesta que el consejo de administración iba definiendo lo que "se debía instalar" de forma progresiva, lo cual complicaba la tarea de reubicar las dependencias. "¡Pero si una vez redactado tuvimos que replantearlo!", exclamó Sierra en el documento.

Estos argumentos -la aparición de ratas, la presunta aluminosis de un local que todavía estaba vacío y la indefinición de las obras de destino- justificaban, según Sierra, que la interventora rectificara su informe. En todo caso, el ex gerente también pidió que, en caso de que ésta no diera marcha atrás, su informe se incluyera dentro del expediente de aprobación de las Cuentas Generales de la Corporación.

Sierra aprovechó su comunicación con la interventora para reclamarle la financiación necesaria para pagar los gastos de las obras. "Que esta financiación aún no se haya encontrado y que, por consiguiente, no se haya abonado ese coste, está ocasionando graves problemas de tesorería a esta empresa", manifestó Sierra.

En realidad, los problemas de tesorería se arrastraban ya de antes. Un informe de una auditoría externa que ayer avanzó este diario ya señalaba que, con datos de octubre de 2008, Gramepark estaba sometida a "serias tensiones de tesorería", que en caso de que no se adoptaran medidas serían más graves "a medio plazo".

Las dificultades se iban a agravar, según los auditores, por las "necesidades de financiación" para las operaciones que ya estaban en curso, pero también para "las promociones que se iban ejecutando a medida que iban siendo certificadas por los contratistas" y por los costes financieros que llevaban asociados. Y, por último, para atender a los costes de estructura de la propia Gramepark, de más de 3,5 millones de euros. De hecho, la sociedad aseguró a los auditores externos que requería de más de 14 millones de euros en el plazo de nueve meses a pesar de que entonces estaba a punto de recibir un préstamo de 25 millones.

La auditoría, que fue encargada por la interventora a una empresa independiente, también examinó las relaciones del Ayuntamiento con Gramepark. Ello se debe a que la sociedad pública ejecutaba obras de urbanización y ordinarias que iban a cargo de las arcas municipales, según fijaba un convenio entre el Consistorio y la sociedad.

El informe de los auditores destapó "deficiencias" en los "procedimientos de encargo" de estos trabajos a Gramepark tras hallar "actuaciones" de la sociedad para las cuales el Ayuntamiento de Santa Coloma no contaba con la consignación presupuestaria necesaria para atender esos pagos. Hasta octubre de 2008, por ejemplo, el Ayuntamiento tuvo que atender pagos por 2,17 millones de euros procedentes de Gramepark. De esta cantidad, sólo la mitad, 1,36 millones, tenían su correspondiente dotación presupuestaria y estaban reconocidas por el Ayuntamiento, mientras que 817.000 euros no tenían consignación.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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