Estrasburgo rechaza el recurso del PNV por la consulta de Ibarretxe

La anulación por el Tribunal Constitucional de la Ley de Consulta del anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, no afectó a ningún derecho fundamental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió por ello el día 9 no admitir siquiera a trámite la demanda presentada por el PNV contra España en defensa de aquella iniciativa. Contra la decisión no cabe recurso alguno y se cierra así definitivamente el último fleco pendiente de los desafíos soberanistas de Ibarretxe y su partido.

El PNV recibe un notable varapalo con este auto, que se añade al del aval del mismo tribunal a la Ley de Partidos, también cuestionada por esa formación. El partido de Iñigo Urkullu presentó la demanda en plena campaña de las elecciones autonómicas vascas del año pasado, tras desarrollar una movilización de recogida de firmas en su apoyo.

A falta de conocer el auto en su integridad, el propio PNV dio a conocer la decisión judicial, que se basa, según un comunicado que hizo público ayer, en que la demanda "resulta incompatible, por razón de la materia, con las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Es decir, que la decisión de Tribunal Constitucional no rozaba ningún derecho recogido en él. El PNV, que recabó diversos informes por sus propias dudas sobre la admisibilidad de la demanda, la basó en la supuesta conculcación de varios artículos, en particular el 10, referido al derecho a la libertad de expresión. El PNV lo extendía a la libertad de opinión, que sería lo que, sin carácter vinculante, se pretendía ejercer con la consulta de Ibarretxe.

Disconformidad

El PNV mostró su "disconformidad" con la decisión de la Corte, aunque dijo respetarla y acatarla. Entiende que el auto "se basa en algo que la demanda ni pide ni formula". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos habría obrado así "para tener la excusa de no admitirla", eludiendo "contestar a las formulaciones de la demanda", afirmó.

Estrasburgo ha realizado, reprochó igualmente, "una interpretación restrictiva y tímida del alcance de las disposiciones del Convenio de Derechos Humanos", por lo que el PNV pidió que éste se abra "a las exigencias de democracia directa y participación de los ciudadanos en los procesos decisorios de trascendencia para su futuro".