Madrid es la comunidad con más denuncias por la ley antitabaco

Las pusieron organizaciones, entidades o ciudadanos a título particular. Hasta 1.413 denuncias por incumplimientos de la ley antitabaco, que convierten a Madrid en la comunidad que ha registrado más denuncias contra bares, cafeterías o restaurantes que, en opinión de los denunciantes, no cumplían la ley. Los datos son de 2008 y los recoge la Sociedad Española de Epidemiología en su estudio Evaluación del impacto de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo.

Madrid no sólo lidera la lista por comunidades, sino que triplica el número de denuncias de la siguiente autonomía, Cataluña, con 376. Eso sí, esta última destaca en su labor vigilante, puesto que envió a sus inspectores a 11.238 establecimientos. Madrid, con una población similar, realizó 3.682 inspecciones.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, la Sociedad Española de Neumología y la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas presentaron ayer un documento de consenso sobre tabaquismo y alertaron de que un tercio de la población madrileña mayor de 18 años es fumadora habitual.

Uno de cada tres madrileños (33,7%) fuma habitualmente -el 30,3% en el caso de los adolescentes- y el tabaco es responsable directo de 15 muertes diarias en la región. Con esos datos sobre la mesa, las tres organizaciones aprovecharon para pedir a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que no demore más el endurecimiento de la Ley Antitabaco. "La actual ha tenido muy poca eficacia", se lamentó la presidenta del Comité, María Ángeles Planchuelo. Y añadió otro dato: por primera vez el consumo de tabaco es más frecuente en mujeres (34,3%) que en hombres (33,2%). En 1987 fumaban el 58% de los hombres y el 32% de las mujeres.

El Ministerio de Sanidad, junto con la asociación Nofumadores.org y la OCU, recurrió el decreto antitabaco madrileño, más permisivo que la norma estatal. El Gobierno de Esperanza Aguirre no obliga a separar físicamente las zonas de fumadores y permite fumar en los bares de los centros de trabajo. Esa diferencia con la ley supone "menos garantías desde el punto de vista de la salud pública", afirmaba el abogado del Estado en defensa del ministerio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en diciembre de 2008 y anuló el decreto autonómico, pero Madrid recurrió y el Supremo aún no se ha pronunciado.

Con motivo de la presentación del documento, la Unidad de Tabaquismo de la Consejería de Sanidad estuvo todo el día haciendo cooximetrías (pruebas para medir el monóxido de carbono) a los diputados de la Asamblea de Madrid. De los 32 que se sometieron a la prueba, el 47% son fumadores. Por su parte, Aguirre dijo ayer que lo que quiere hacer el Gobierno es "una ley antifumadores", y no una ley antitabaco.