El PSOE propone excluir los espacios naturales de la amnistía urbanística

La reforma de la Ley del Suelo que la semana próxima debatirá el pleno del Parlamento contempla una suerte de amnistía para las edificaciones sin licencia. Todas las existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003 serán consideradas "fuera de ordenación", y por lo tanto legalizadas, siempre que sobre ellas no pese ninguna medida dirigida a la restauración de la legalidad urbanística. Cerrado el plazo de enmiendas, ninguna de las 109 presentadas por los tres grupos elimina el indulto, aunque el BNG pide la devolución del texto a la Xunta. Los socialistas, mientras, reclaman que se exceptúen las edificaciones que se emplacen en terrenos protegidos.

Es la más significativa de las 45 objeciones del PSdeG al articulado de una reforma legislativa urgente que, con toda probabilidad, contará con el apoyo socialista. El BNG ha presentado otras 33 enmiendas, en tanto que el PP incorpora 31. Pero los socialistas, que no formulan enmienda a la totalidad, aceptan que las construcciones realizadas "sin licencia o sin autorización autonómica" se puedan acoger a la figura de fuera de ordenación, con la excepción de las ubicadas "en terrenos de suelo rústico de protección de espacios naturales, de costas o de interés paisajístico". Para el resto, la propuesta socialista prevé la apertura de un plazo de un año para tramitar la legalización de las edificaciones, con toda la documentación relativa a la localización, accesos y servicios. El PSOE aboga además por imponer un "canon de regularización" de ocho euros por cada metro cuadrado de edificación.

Sólo el Grupo del BNG pedirá la devolución del texto a la Xunta

El régimen de fuera de ordenación fue creado para edificios erigidos con anterioridad a los planeamientos urbanísticos, que resultasen disconformes con éstos. En ellos se pueden autorizar obras de conservación, de consolidación, mejora, reforma y, en casos justificados, de ampliación de la superficie construida.

Además de la amnistía, la ley establece también nuevos criterios para la definición de suelo de núcleo rural, de los que se elimina la delimitación mediante un radio de 200 metros y la exclusión del suelo especialmente protegido, que se sustituyen por criterios de consolidación igual o superior a un tercio de la superficie. Los socialistas exigen sobre esta nueva delimitación que requiera previamente "la total urbanización y suficiencia de las redes de dotaciones, comunicaciones y servicios". Para el BNG, la reconfiguración fomentará "el desbarajuste y la especulación".

La portavoz de territorio del Grupo Socialista, Mar Barcón, defendió ayer las propuestas para mejorar un proyecto de ley "pequeño, reducido y poco ambicioso". Barcón señaló que la nueva norma "no da respuesta" a los principales "obstáculos" en el desarrollo de las normas urbanísticas. Pero el denominado pacto por el territorio y las demandas de los alcaldes socialistas se impondrán a las dificultades, y facilitarán que la ley salga aprobada con los votos del PP y el PSdeG, según confirmaron fuentes del partido que lidera Manuel Vázquez. La ley se inspira en una propuesta de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que preside el regidor socialista Carlos Fernández. La pasada semana, los tres grupos parlamentarios acordaron crear una subcomisión parlamentaria para negociar una nueva ley del suelo de consenso, una vez tramitada la actual reforma, con vocación de perdurar por un período no inferior a 20 años. Pero mientras esa ley más estable no llega, la que se debatirá la semana próxima será la quinta modificación que sufre la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia desde 2002.

Frente a las mejoras del articulado que propugna el PSdeG, el Bloque propone devolver el texto a la Xunta, entre otras causas por "dejar avanzar hacia el suelo rústico el desbarajuste y la especulación". Esta intención se desvela, según los nacionalistas, "en la reconfiguración del concepto legal básico de núcleo rural". El BNG también desconfía del argumento de la Consellería de Medio Ambiente de darle más competencias a los ayuntamientos, que considera "una huida de sus obligaciones".