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Editorial:

Grecia, en la UVI

La dificultad para articular un rescate amenaza con comprometer la estabilidad del euro

La economía griega entró ayer oficialmente en la UVI. El sistema de rigurosa exigencia y detallado control establecido por el Ecofin (los ministros de Economía de los Veintisiete), impulsado sobre todo por Alemania y por el Banco Central Europeo, constituye una suerte de protectorado económico sobre el país heleno; su designio último es salvar al euro de su primera crisis.

El Gobierno de Papandreu se compromete a pasar dentro de un mes un examen, no ya sobre los objetivos del plan de estabilidad y austeridad anunciados al Consejo Europeo el pasado día 11, sino sobre el impacto real, la eficacia contable, los resultados de las primeras medidas de austeridad aplicadas. En la misma fecha, Grecia deberá informar al Ecofin sobre el calendario de aplicación del paquete de medidas que deben reducir en cuatro puntos (del 12,7% al 8,7% del PIB), en tan sólo 12 meses, su abultado déficit público. Y antes del 15 de mayo Atenas deberá poner en marcha otro paquete adicional de medidas de austeridad, si el primero se revela insuficiente.

El rigorismo aplicado al caso griego estrena un artículo del nuevo Tratado de Lisboa por el que se autoriza a la Unión a apretar las tuercas al Estado cuya actuación ponga en peligro la estabilidad de la moneda única. Puede parecer una injusticia que el sujeto pasivo sea el Gobierno de Papandreu, cuando fue éste, y no ninguna institución comunitaria, quien una quincena después de su proclamación confesó a iniciativa propia las trampas estadísticas y financieras de su antecesor, a las que, como acaba de conocerse, contribuyó el banco norteamericano Goldman Sachs. Injusto pero inevitable, especialmente cuando el problema es de pérdida absoluta de confianza en la seriedad del país afectado. Toca al Gobierno socialista purgar la culpa de su antecesor conservador y demostrar con hechos que el Estado que representa merece credibilidad.

A cambio de los dolorosos sacrificios asumidos (sobre pensiones, salarios públicos y otros), los Veintisiete reiteran únicamente la promesa de que no dejarán caer a su socio, sin concretar los instrumentos que utilizarían para un eventual rescate. Si se produce, será un salto cualitativo para completar la unión monetaria con una verdadera unión económica. Hay dificultades jurídicas para orquestarlo, sobre todo procedentes de Alemania, en virtud de la jurisprudencia restrictiva de su Tribunal Constitucional; y de un sector importante de la opinión pública, reticente a transferir impuestos de los ciudadanos propios a ciudadanos de otro país con menores cargas fiscales y mayores ventajas sociales (por ejemplo para jubilarse); y la UE, a diferencia de otras instituciones como el FMI, carece de tecnología y experiencia para emprender determinados rescates.

Si estas explicaciones convencen a los ciudadanos, no es seguro que apacigüen a los mercados y a sus brotes especulativos. Y entonces la tardanza en resolver el relativamente pequeño episodio griego se trocaría en un problema de mayor cuantía, la propia estabilidad del euro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de febrero de 2010