Mercasevilla readmite a uno de los ex directivos imputados por soborno

La comisión ejecutiva de Mercasevilla decidió ayer readmitir en la empresa al ex director adjunto Daniel Ponce, imputado por el presunto intento de soborno a dos empresarios del grupo La Raza. Mercasevilla (participada por el Ayuntamiento de la capital y la sociedad estatal Mercasa) había despidió a Ponce en octubre, pero un juzgado de lo social declaró la medida "improcedente" e instó a la empresa a readmitirlo o indemnizarle con 239.585 euros.

Mercasevilla podía haber recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero sus servicios jurídicos han advertido que "no existen nuevas aportaciones" que puedan servir como prueba para ganar el caso en los tribunales por la vía laboral. Esto llevó a la empresa a descartar el recurso y obligarse a decidir entre las otras dos opciones: readmitir a Ponce o pagar la indemnización.

Ponce podría intentar cobrar una prejubilación que él mismo negoció

La precaria situación económica de Mercasevilla ha sido decisiva para que la balanza se incline hacia la readmisión. El gobierno municipal difundió ayer un comunicado para informar de la decisión y sus razones: "Mercasevilla ha optado por la vía de la readmisión del trabajador, ya que entre ésta y la indemnización es más favorable la primera para los intereses de la empresa", se lee en la nota.

El Ayuntamiento no aclaró ayer qué papel se le encomendará ahora a Ponce dentro de la empresa, aunque ya antes de su expulsión había sido destituido de sus funciones como directivo y se encargaba de labores "irrelevantes", según señaló la portavoz municipal, Maribel Montaño, el día que anunció el despido.

Una de las razones que movieron a Mercasevilla a acelerar la desvinculación entre Ponce y la empresa fue que el ex directivo cumple 50 años a finales de marzo, lo que le permitiría acogerse a una prejubilación que él mismo negoció en el ERE de 2007, por la que cobraría 865.000 euros en 15 años. El pago del ERE, que asciende a nueve millones de euros, está ahora en el aire porque Mercasevilla asegura que la Junta se comprometió a sufragarlo y el Gobierno autonómico lo niega.

Mientras, la investigación judicial del caso Mercasevilla sigue su curso en el Juzgado de Instrucción 6. Su titular, Mercedes Alaya, comunicó ayer al ex gerente de Urbanismo de Sevilla, Manuel Marchena, que por ahora "no ve necesario" tomarle declaración, informa Europa Press. La comunicación de la juez responde a la comparecencia voluntaria que realizó Marchena el pasado lunes para prestar declaración, después de que el socio mayoritario de la promotora Larena98 acusase al ex gerente de haberse ofrecido a amañar unos concursos de adjudicación de Vivienda de Protección Oficial (VPO).