Camps culpa de sus cuentas al PP de Rajoy

La financiación del PP valenciano, bajo sospecha a raíz de la desarticulación de la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, ha estado bajo control de la dirección nacional del partido en el periodo investigado por la justicia, que coincide con los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Al menos eso es lo que ha explicado el actual número dos del PP valenciano a los jueces del Tribunal Superior que instruyen una querella por financiación ilegal.

Antonio Clemente, sustituto de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP valenciano, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia un escrito en el que le comunica que esta formación no había cubierto el cargo de tesorero hasta octubre de 2008 y, mientras tanto, sometía sus ingresos y sus gastos al control de la dirección nacional del partido.

El PP valenciano dice que ni Camps ni Costa participaron en la contabilidad

La Junta Electoral apunta que el administrador único era Bárcenas

El PP no tuvo tesorero en Valencia hasta octubre de 2008

El partido necesitaba al comité nacional para disponer de los bienes

"En el periodo comprendido entre el año 2002 hasta octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pese a ostentar competencias para su nombramiento, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del Partido Popular, en Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones de tesorería del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al recibir en cada ejercicio económico la documentación contable del PPCV para su control y autorización", señala Clemente en su respuesta a los jueces.

Por si no hubiera quedado claro, el secretario general del PP valenciano explica que "en la documentación contable no tiene participación cargo alguno de la estructura regional (Presidente, Secretario General o Vicesecretarios) siendo la documentación elaborada por personal de administración que depende de los órganos centrales del PP nacional, siendo el PP nacional el único titular de las cuentas bancarias de uso ordinario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Un informe policial de la Brigada de Blanqueo basado en documentos oficiales y conversaciones intervenidas por orden judicial sostiene que el PP valenciano se financió ilegalmente durante años con la ayuda de la empresa Orange Market, la firma levantina de la trama corrupta de Correa.

Los cargos valencianos del PP aseguran que el control de los ingresos y gastos, que ahora investigan los jueces, correspondía a la dirección nacional del partido que presidía entonces José María Aznar y ahora Mariano Rajoy y cuyas cuentas gestionaron primero Álvaro Lapuerta (tesorero hasta junio de 2008) y después Luis Bárcenas (ex gerente y ex tesorero del partido, suspendido de sus funciones por este caso de corrupción que le salpica).

El informe policial intenta probar cómo los principales dirigentes del PP valenciano estaban al tanto de esas prácticas ilegales, consistentes en una doble facturación de actos del partido, una con factura e IVA y otra con dinero negro que escapaba al control del fisco -hasta seis millones de euros, según la documentación intervenida en la sede de Orange Market-. Algunas empresas contratistas de la Administración valenciana pagaban a Orange Market por servicios no prestados para financiar actos que organizaba la empresa de la trama corrupta para el partido de Francisco Camps.

Decenas de conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, acreditan la relación de éste con distintos responsables políticos del PP valenciano a cuenta de la financiación del partido, de las deudas que quería cobrar y de los sospechosos mecanismos para hacerlo. En esas conversaciones nunca aparecieron dirigentes del PP nacional, pese a lo que cuenta Clemente en su escrito al juez respecto al control de las cuentas por parte del aparato central del partido.

Las conclusiones de la policía llevaron a los socialistas valencianos a presentar una querella y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a requerir documentación a los acusados para resolver si admitía a trámite la denuncia y abría una investigación.

Clemente insiste en su respuesta a los jueces que aunque los estatutos del PP valenciano otorgan a esta formación política "plena capacidad jurídica y de obrar" para disponer de cualquiera de sus bienes o venderlos necesita "la autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional".

La Junta Electoral Central también ha informado al Tribunal Superior de Justicia de que el administrador único del PP para la Comunidad Valenciana en las elecciones locales de 2007 y las europeas de 2004, cuyos gastos están bajo sospecha, era Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, nombrado por Mariano Rajoy en el último congreso de esta formación y senador por Cantabria.

Bárcenas está imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y un delito fiscal vinculado a sus relaciones con la trama corrupta de Francisco Correa. La investigación atribuye al tesorero del PP el cobro en comisiones de más de un millón de euros.