Archivada una de las causas contra Fabra por la "animadversión" del acusador

El presidente de la Diputación y del Partido Popular de Castellón, Carlos Fabra, no se sentará, al menos de momento, en el banquillo. La Audiencia Provincial de Castellón ha decidido archivar, de manera provisional, su implicación en una de las dos causas que tenía abiertas. Por ello, Fabra fue ayer felicitado por el presidente del PPCV y de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tal como reveló el propio líder popular castellonense. "Feliz" fue la expresión utilizada por el presidente de la Diputación de Castellón para valorar la decisión judicial conocida ayer. Fabra aprovechó para responder a las cábalas sobre su estado de salud, al añadir: "No tengo tiempo para morirme".

Aún se investiga al dirigente valenciano del PP por ingresos sin justificar

En el auto, la Audiencia considera que no hay suficientes indicios para sostener la acusación de falsedad, por la que la Fiscalía Anticorrupción había pedido dos años de cárcel. Anticorrupción mantuvo que tanto Fabra como su entonces esposa, María Amparo Fernández, participaron en una trama de falsificación de análisis e informes, que posteriormente se presentaron ante los ministerios de Sanidad y Agricultura, con el objeto de obtener autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.

La acusación se basó en el relato de Vicente Vilar, un empresario que fue amigo de Fabra y que luego le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar para la obtención de dichas autorizaciones. Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón considera que para mantener la imputación de Carlos Fabra haría falta un "acto de ciega creencia" en las declaraciones de Vilar, a las que resta credibilidad por la "animadversión" que, según dice, tiene hacia Fabra.

La implicación de Fabra tenía como premisa también el hecho de que en los años de amistad, las entonces esposas de Fabra y Vilar formaron una mercantil, Artemis 2000, una de las empresas que supuestamente se favorecía de la obtención de las autorizaciones para fabricar herbicidas y pesticidas.

La Audiencia considera que, en el caso de Fernández, su participación en la sociedad era "puramente nominal o formal". Sobre Carlos Fabra sostiene que "el hecho de que pudiera tener alguna participación (a través de su entonces esposa) en las mercantiles beneficiarias por las presuntas falsificaciones, no implica que tuviera algo que ver ni en la decisión de cometer las falsedades, ni en la realización de éstas".

El caso de falsedad era una ramificación del llamado caso Fabra. La parte principal de éste, que está en fase de instrucción desde hace seis años, investiga al dirigente del PP de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas, entre otros) y fraude fiscal por un desfase entre su patrimonio y sus ingresos declarados. Sólo en el ejercicio de 1999, Hacienda detectó ingresos por valor de 600.000 euros en las cuentas que tenían Fabra y su entonces esposa, de los que no pudo justificar su origen.

Carlos Fabra alegó ayer que esperará "paciente" a que esta acusación "se resuelva en el mismo sentido".