El Gobierno penalizará a las autonomías más derrochadoras
Tras el fracaso de la Conferencia de Presidentes de diciembre, en la que el PP no asumió la propuesta del Gobierno de pactar un plan de austeridad con las comunidades autónomas para afrontar la crisis, el Ejecutivo, ante la gravedad de la situación, ha optado por no resignarse.
La nueva iniciativa del Gabinete se concreta en la posibilidad de penalizar económicamente a las comunidades que no cumplan el objetivo de reducción del déficit al 3% del PIB en 2013, establecido por la Unión Europea. La penalización no afectaría a los traspasos ni al desarrollo legislativo.
El Gobierno, que recoge esta iniciativa en el texto Propuesta de acuerdo marco con las comunidades autónomas sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, pretende que, dada la gravedad de la crisis, las comunidades se sumen al recorte de 50.000 millones de euros de gasto para 2013, de los que 10.000 millones corresponden a las autonomías.
El Ejecutivo precisa que el esfuerzo de las Administraciones públicas debe repartirse en 1,9% para la Administración central y 1,1% para las comunidades autónomas.
Informe trimestral
La propuesta del Gobierno, que presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pretende exigir a las comunidades autónomas que remitan a este organismo, que reúne al Ministerio de Economía y los consejeros autonómicos de ese área, un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las operaciones comerciales entre las empresas y la Administración autonómica.
Otra propuesta se refiere a la contención de los gastos de personal, que se concreta en las retribuciones y en las ofertas de empleo. Asimismo, plantea la creación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de un grupo de trabajo para diseñar propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las autonomías, especialmente en sanidad y dependencia.
El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, recordó el martes que el Gobierno catalán ya puso en marcha su plan de austeridad y precisó que del déficit del 11,4% del Ejecutivo central, sólo 2,2 puntos corresponde a las comunidades. "No necesitamos que nos pongan deberes. Ya nos los autoimponemos nosotros, y somos muy exigentes", dijo.
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