El derribo no era aquí

Ronald Arnez quiere que le den una casa. Lo dice sentado cerca del altar de la iglesia de San Carlos Borromeo, en la que lleva cobijado junto a su familia y otras 28 personas de origen boliviano desde el 22 de abril de 2008. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid, en una cadena de actuaciones en la Cañada Real, derribó su vivienda en la vía pecuaria. Ahora, un recurso de estas familias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le da la razón a Arnez. La demolición no fue legal.

Resulta que la orden judicial que tenían los agentes era para desalojar otro bloque de la senda pecuaria, el 63. Ellos vivían en el 61. Pero nadie les hizo caso. Y eso que los hombres encargados de la tarea tenían tres fotos para identificar la edificación que debían tirar abajo.

"Bajo los escombros se quedaron nuestras cosas, dinero, ropa, y toda nuestra documentación para legalizar nuestra residencia en España", recuerda Arnez, flanqueado de sus dos abogadas. La sentencia le recuerda al Ayuntamiento "la inviolabilidad del domicilio". También le reprende en términos bastante duros. Por ejemplo, en un pasaje donde afirma que las explicaciones que da el Consistorio son "inadmisibles".

La abogada de la familia de bolivianos, que también mostró la sentencia, adelantó que van a reclamar "una vivienda por la que se les quitó". En opinión de esta letrada, el Ayuntamiento "no respetó los principios básicos". El Consistorio, por el momento, no se pronuncia. "Acaba de llegar la sentencia a la asesoría jurídica y todavía no se ha estudiado a fondo", zanja una portavoz del Área de Urbanismo municipal.

Ronald Arnez asegura entre los escombros de lo que fue su casa -que un año y medio después siguen en el mismo sitio- que perdió todos los documentos que demostraban que llevaba años viviendo en España. Y con ellos la posibilidad de tramitar el arraigo. "Son procesos muy lentos y tuve que empezarlos todos de nuevo, cuando estaba a punto de terminar".