Los productores de rodaballo alertan de la especulación con el Plan Acuícola
El nuevo sistema anula la concesión pública que regía las piscifactorías
Tras seis años de parálisis en el sector de la acuicultura -en la última década tan sólo se ha construido una nueva planta en Galicia- los productores alertan ahora de que una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo en esta materia puede ahondar en ese estancamiento. La fórmula por la que se accederá al suelo será, a partir de ahora, la compra directa con expropiación subsidiaria, dejando atrás la concesión pública que regía con el anterior Ejecutivo. La Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga) alerta de que este sistema "se puede prestar a la especulación" al dejar en manos de los propietarios las condiciones de la venta, según el gerente, Fernando Otero Lourido.
La fórmula será la compra directa con expropiación subsidiaria
El planteamiento no es nuevo. En la etapa de Fraga eran los empresarios quienes debían hacerse con el suelo para obtener la licencia de actividad y, de aquellas experiencias, vienen estos recelos. Por un lado por el minifundismo latente en Galicia y, por otro, porque más de uno se encontró entonces con que el propietario de turno, en su aspiración de obtener el mayor beneficio, multiplicaba por 100 el precio tasado por los peritos. Con el nuevo Plan Acuícola, la Administración sólo expropiará si una minoría se resiste a la venta frente a una mayoría que sí esté dispuesta.
Mientras la Consellería do Mar anunciaba la medida como "un paso" adelante para el desarrollo del sector, los empresarios responden, en cambio, que "puede ser otro motivo más" para ahondar en la parálisis. Los espacios protegidos abarcan en Galicia hasta los 200 metros de franja costera y, por la propia naturaleza de la actividad acuícola, ahí es donde deben instalarse las plantas de cultivo. Un suelo que podría volver a alcanzar cantidades astronómicas pese a que goza de especial protección y que, por tanto, ni física (suelen ser arenosos y poco dados al cultivo) ni jurídicamente, resultan rentables. La excepcionalidad aquí la brinda el Ejecutivo con la posibilidad de construir piscifactorías, una decisión que le viene a Pescanova como anillo al dedo para su proyecto en Cabo Touriñán, donde dispone ya de terrenos adquiridos.
Lo cierto es que la gestión del suelo preocupa y mucho. Los productores perciben "cierto temor", señala Otero Lourido, por parte de las instituciones -desde la comunitaria hasta la municipal- a la reacción de determinados sectores de la opinión pública. La expropiación, abunda, "tiene ventajas como la rapidez y se compagina con la justicia en el precio porque viene marcado pericialmente desde la propia administración".
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