Europa niega a EE UU el acceso a los datos bancarios
El rechazo frustra la estrategia de Washington para rastrear la financiación del terrorismo
El veto de la Eurocámara a dar acceso a las autoridades estadounidenses a los datos de las transacciones financieras gestionadas por la firma Swift, con sede en Bélgica, provocó un profundo malestar en Washington por considerar que dificulta la lucha antiterrorista. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo rechazó ayer el acuerdo provisional alcanzado el 30 de noviembre entre Estados Unidos y la UE que permitía a los funcionarios estadounidenses el acceso a la información gestionada por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Swift) que registra las transferencias monetarias entre Estados.
El veto tiene lugar después de un clima de creciente desencuentro entre la UE y EE UU, tras la anulación del viaje de Obama a Madrid para celebrar una cumbre transatlántica.
El veto es un "trágico error", señala un alto cargo de Obama
Los socialistas españoles impulsan un pacto para facilitar los datos
La Comisión expresó su malestar por la aprobación del acuerdo el 30 de noviembre, el día antes de que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, que refuerza las competencias del Parlamento. La decisión de ayer fue muy ajustada, 29 votos contra 23, y deberá ser aprobada por el plenario el 11 de febrero para que adquiera validez jurídica. La correlación de fuerzas es estrecha. Los socialistas europeos -excepto los españoles y portugueses-, liberales, verdes e izquierda unitaria, que representan en total unos 300 votos de los 736 de la Eurocámara, están en contra de ceder esta información a Estados Unidos sino se refuerzan ciertas garantías de protección de los derechos de los ciudadanos. Los populares europeos, excepto los diputados alemanes, apoyan el acuerdo.
Stuart Levey, subsecretario del Tesoro de EE UU, responsable de los asuntos de terrorismo e información financiera, señaló ayer que el veto es "un error trágico". Levey ha destacado que el "desafío es importante", recordando que "la UE y Estados Unidos no pueden permitirse incapacitar a nuestros investigadores impidiéndoles el acceso a unos datos que son fundamentales y que son legalmente obtenidos y sometidos a un control escrupuloso".
La eurodiputada liberal ponente del informe, Jeanine Hennis-Plasschaert, censuró la actitud del Consejo porque todavía no ha permitido al Parlamento "el acceso a todas las informaciones y documentos pertinentes sobre el acuerdo interino, ni tampoco ha respondido a nuestras demandas de negociación para un acuerdo permanente".
La diputada señaló que "existían serias dudas jurídicas sobre el acuerdo interino que viola varios principios fundamentales como la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de reciprocidad". Los socialistas quieren "un nuevo y mejor acuerdo con adecuada salvaguardas para la privacidad de las personas", según señaló, el líder del grupo socialista, Martin Schulz.
Durante las últimas semanas, la presidencia española ha redoblado los contactos con los distintos grupos políticos y comisiones para intentar alcanzar un acuerdo con el Parlamento. En este sentido, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de presidente de turno de la UE, remitió una carta el 26 de enero al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, explicando las razones que habían aconsejado el acuerdo interino.
Zapatero recuerda en su misiva en contestación a Buzek que es "legalmente imposible la aplicación provisional porque implicaría una ruptura unilateral del acuerdo interino por la Unión, en la medida en que ello requeriría una formal modificación del mismo acuerdo". La secretaria de Estado, Hillary Clinton, llamó el pasado martes a Buzek, para expresarle su preocupación por el rechazo del acuerdo.
Los socialistas españoles confían en que las gestiones de la presidencia con los diferentes grupos permitirán alcanzar una posición común que impida que el acuerdo provisional sea rechazado por el plenario el 11 de febrero. Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, argumentó ayer que "nosotros no podemos votar la suspensión del acuerdo porque se produciría un vacío en nuestra seguridad y sería un gesto inamistoso contra Estados Unidos". Jáuregui recordó que el acuerdo interino "es un instrumento precioso contra la lucha antiterrorista que ha prestado muchos servicios a España, tanto en la lucha contra Al Qaeda como contra ETA".
En la búsqueda de un consenso, el presidente del Partido Popular Europeo, (PPE), Joseph Daul, hizo ayer un llamamiento al Consejo para que acuda al próximo plenario del Parlamento "y dé respuesta completamente a todas nuestras preocupaciones".
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