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Reportaje:

Francia estrecha el cerco al 'burka'

El Gobierno niega la nacionalidad a un hombre por su comportamiento machista en el hogar - "Es incompatible con los valores de la República"

Hace una semana una comisión parlamentaria francesa recomendaba prohibir el uso del velo integral en los servicios públicos y abogaba por que fuese motivo de rechazo para obtener la nacionalidad. La Asamblea Nacional todavía no tiene fecha fijada para debatir una propuesta de ley en este sentido, pero el Ministerio de Inmigración ha anunciado que ya ha negado la naturalización a un hombre porque obliga a su mujer, una ciudadana francesa, a vestir el polémico burka. El primer ministro, François Fillon, confirmó ayer que aprobará ese decreto de rechazo, oficialmente motivado por la actitud machista del hombre en cuestión.

La decisión fue validada previamente por el Consejo de Estado y justificada por el sexismo del hombre, quien "adopta a diario una actitud discriminatoria con las mujeres". Ésta incluye "negarse a darles la mano y abogar por una separación entre niños y niñas, incluido en el hogar", según señala el diario Le Figaro. Los magistrados concluyen que "el modo de vida escogido, aunque estuviese justificado por preceptos religiosos, es incompatible con los valores de la República, en concreto con el principio de igualdad entre sexos".

El varón no da la mano a las mujeres y separa a los niños de las niñas
El Parlamento aún no ha votado el proyecto sobre velo integral y ciudadanía

"Es la ley francesa desde hace mucho tiempo. El Código Civil prevé que se pueda rechazar la naturalización a alguien que no respete los valores de la República", reaccionó Fillon, a quien corresponde ahora aprobar ese decreto de rechazo. El jefe del ejecutivo añadió que este "religioso radical", que "imponía el uso del burka" a su esposa, no tiene "su lugar" en Francia. La identidad de la pareja no ha sido oficialmente confirmada, aunque según el diario Le Figaro se trata de un hombre de nacionalidad marroquí casado con una francesa. Ambos pertenecerían al movimiento Tabligh, una corriente islamista fundamentalista.

Sin embargo, el Consejo de Estado no hace referencia directa al uso del burka o del niqab, algo que, al igual que Fillon, sí hizo el ministro de inmigración, Eric Besson. Besson motivó el rechazo en un comunicado diciendo que había quedado claro "durante la investigación reglamentaria y la entrevista previa, que esta persona imponía a su esposa el uso del velo integral, la privaba de la libertad de ir y venir con el rostro al descubierto, y rechazaba los principios de laicidad y de igualdad entre hombre y mujer". Un caso similar ocurrió ya en 2008, cuando una mujer marroquí salafista que vestía el velo integral se vio privada de la nacionalidad francesa, una decisión también amparada por el Consejo de Estado. Entonces, el órgano motivó su decisión por la falta de deseo de asimilación de la aludida, aunque apuntó también a una "práctica radical de la religión incompatible con los valores esenciales de la comunidad francesa".

La decisión se ha dado a conocer con el telón de fondo del debate sobre la prohibición del velo integral, que oficialmente visten unas 1.900 mujeres en el país. La semana pasada y tras seis meses de trabajo, una comisión parlamentaria concluyó igualmente que ni el burka ni el niqab encajan con los ideales republicanos. Por ello aboga por una ley que prohíba su uso en los servicios públicos (escuelas, hospitales, administraciones y transporte). Aunque lo que deberá decidir el Parlamento es si se atreve a ir más lejos, como defiende el presidente del partido gubernamental en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé. Se dispone a presentar una propuesta de ley para vetar el uso de la prenda en el conjunto del espacio público, incluida la calle, cuyo incumplimiento se castigaría con una multa de 750 euros.

La comisión parlamentaria que ha estudiado este asunto también recomendó que el atuendo fuera una razón suficiente para negar la nacionalidad. Ante dicha comisión, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, fue incluso más allá: "Nada sería más normal que rechazar sistemáticamente el acceso a la residencia a la persona que lleve el velo y a su marido", señaló.

"Si me eligen iré con velo al escaño"

Mientras el país sigue debatiendo sobre la actitud a adoptar frente al velo integral, la formación francesa de izquierda radical Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) ha roto otro tabú al presentar en una de sus listas para las elecciones regionales de finales de marzo a una mujer con un "ligero" pañuelo. La dirección del partido, contraria a la prohibición del burka por "islamófoba y liberticida", apuntó ayer, tras filtrarse la noticia a la prensa, que la decisión se tomó después de "un intenso debate".

Ilham Moussaïd, cuarta en la lista del partido en Vaucluse, en la región de Provinza Alpes Costa Azul, es "una militante feminista, anticapitalista, internacionalista que considera que debe llevar el velo por sus convicciones religiosas", explicó la formación en un comunicado. La joven, estudiante de gestión y tesorera del NPA, se vio obligada ayer por la tarde a defender en público su condición de candidata progresista con pañuelo. "Soy una ciudadana como otra cualquiera, feminista y con velo", afirmó. "Si me eligen, ocuparé mi escaño con velo", añadió.

De salir elegida, aunque es poco probable, eso supondría un nuevo rompecabezas sobre los lugares públicos donde se admiten o no signos religiosos. Pierre Godard, cabeza de lista del partido en el departamento de Bocas del Ródano, anticipó la polémica ayer señalando que más de 400 curas habían ocupado un escaño en la Asamblea Nacional desde el inicio de la República, entre los cuales el Abbé Pierre, fundador de Emmaüs, quien acudía "en sotana". Pero desde entonces la legislación ha avanzado. Desde 2004, la ley prohíbe los signos religiosos en las escuelas públicas, a raíz de años de polémica por la presencia de alumnas cubiertas con pañuelo. En la administración pública, una circular firmada en abril de 2007 por el actual Gobierno de Nicolas Sarkozy sobre la laicidad estipula que los agentes públicos deben respectar el principio de "neutralidad" religiosa.

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