El alcalde de Pinto se querellará contra su predecesora
El actual alcalde, el socialista Juan José Martín Nieto, anunció ayer que interpondrá una segunda querella por prevaricación y malversación de fondos por la gestión de la ex regidora popular, Miriam Rabaneda, al frente de la empresa pública de servicios Aserpinto en el año en que el PP estuvo al frente del Ayuntamiento (2007-2008). Martín hizo el anuncio después de conocerse el auto de imputación contra Rabaneda (PP), por irregularidades en la gestión de las arcas municipales.
El alcalde declaró que el Ayuntamiento también ha interpuesto un recurso para que se impute a los otros siete ediles del PP que formaron parte del equipo de gobierno que aprobó el abono de facturas a proveedores con informes en contra de los técnicos municipales. En un principio, la denuncia contra éstos, que formaba parte del mismo expediente que el de las hermanas Rabaneda, ha quedado archivada, pero Martín Nieto considera que fueron "colaboradores necesarios en el caos que padecía Pinto".
La imputación de la ex alcaldesa, que insiste en que su gestión fue limpia, ha provocado un cruce de declaraciones entre Tomás Gómez, secretario general del PSM, y David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
"¿Hay alguna duda? Tienen que dimitir automáticamente las hermanas Rabaneda porque están imputadas", afirmó ayer Gómez. Pérez le respondió con un comunicado criticando que Gómez pidiera la dimisión de Rabaneda mientras apoya al actual alcalde de Pinto. "Cómo es posible que Tomás Gómez apoye al alcalde, imputado por corrupción, y pida la dimisión de la ex alcaldesa del PP", se preguntaba, en referencia a las sospechas de compra de voluntades suscitadas por la moción de censura que desbancó al PP del poder de Pinto en 2008.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó ayer que la fiscalía ha tenido doble "vara de medir" para Pinto, informa Soledad Alcaide. Según Aguirre, el mismo fiscal ha pedido que no se investigue al actual alcalde mientras acusaba a Rabaneda, pero un juez mantiene imputado al regidor y otro ha desestimado que Rabaneda incurriera en delito de malversación. "No ha habido desvío de fondos públicos", ha justificado Aguirre. "Todo se reduce a que pagaba deudas del Ayuntamiento, algunas contraídas por el alcalde anterior, para no poner en peligro la vigencia de las empresas" del municipio.
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