Villares: "Cuanto más caso nos hagan sobre el gallego, mejor nos irá a todos"
"No se puede tratar igual a los desiguales", dice el Consello da Cultura sobre el decreto
Sobre dos pilares edifica su crítica al borrador del decreto sobre plurilingüismo de la Xunta el Consello da Cultura Galega: la necesidad de consenso y de coherencia legislativa y la ilegitimidad de "tratar igual a los desiguales". Más de 20 folios, elaborados por una comisión de seis personas, repasan "punto por punto y aportando propuestas" el documento que la Consellería de Educación dio a conocer hace ahora un mes. "Se trata de un texto realizado con extraordinaria responsabilidad pero con una gran firmeza", expuso el presidente del Consello Ramón Villares, quien añadió: "Cuanto más caso sobre el gallego nos haga la Xunta, mejor nos irá a todos".
El informe que aprobó el organismo de alta asesoría emplea "puntos de vista pedagógicos y sociolingüísticos, no jurídicos". Y según el secretario de la institución, sociolingüista y coordinador del dictamen, Henrique Monteagudo, se basa "en la práctica legal desarrollada en la Autonomía". "No depende de la voluntad de un Gobierno promover o no el gallego", adujo, "sino que es un mandato con origen en la Constitución y el Estatuto".
El órgano recuerda que es el primer Gobierno que hace retroceder el gallego
El Pleno del Consello aprueba el informe con tres abstenciones
De concretarse el planteamiento explicitado por el actual secretario de Política Lingüística en los últimos días -un equilibrio al 50% entre gallego y castellano mientras no se introduce el inglés-, el ejecutivo de Núñez Feijóo será el primero en hacer retroceder el gallego en la enseñanza pública. "Los cuatro presidentes anteriores de la comunidad aprobaron medidas para incrementar la lengua en la educación", recordó Monteagudo, para quien "el fin es la igualdad de los dos idiomas, y no se resuelve con la paridad". Todo lo que suponga retroceder del mínimo del 50% de asignaturas en gallego, que figura en el Plan de Normalización aprobado en 2004 por unanimidad, no resulta aceptable para el Consello da Cultura. Ese porcentaje sí fue recogido por la normativa de 2007, todavía vigente y confeccionada por el Gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas.
Pero la cuestión porcentual no es lo único que preocupa en el Consello da Cultura. Ni la votación vinculante de los padres ni la introducción de una lengua extranjera como vehicular, las otras dos claves de la propuesta de la Xunta, se encuentran bien articuladas. La institución incide en que la Administración no debe hacer dejación de responsabilidades y critica, "por razones prácticas", la consulta a las familias. Sobre la entrada del inglés en la enseñanza que, después de las matizaciones de Educación, se efectuará a diez años vista, el Consello recuerda que su estatus no puede equipararse al de las lenguas oficiales. Además, la promoción del gallego forma parte del Estatuto, mientras que del inglés "deben ocuparse las políticas públicas".
El dictamen fue sometido a votación en uno de los Plenarios más concurridos, 23 miembros de 26, del Consello da Cultura, y registró 20 votos a favor y tres abstenciones. El conselleiro de Cultura, Roberto Varela, fue una de ellas, junto a Eduardo Pardo de Guevara y el magistrado José Antonio García Caridad. Este último, redactor del informe del Consello Consultivo contra el decreto del bipartito, participó en la comisión coordinada por Monteagudo. El órgano asesor remitió el texto a la consellería el lunes y ayer Educación aseguró que "no comparte la propuesta de inmersión lingüística que propone". En realidad, el informe de la institución se limita a constatar "la legalidad y validez científica" de la inmersión y cuestiona que el borrador del decreto incluya "una descalificación" de ese método.
El portavoz del PP de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, restó importancia ayer a la decisión del alcalde de la localidad orensana de Vilariño de Conso, Ventura Sierra (PP), de apoyar una moción que insta a la retirada del decreto del gallego. Miranda considera que el regidor "se equivocó, seguramente por falta de información". "Estamos seguros de que hay más alcaldes socialistas a favor de las bases que populares en contra", aventuró, informa Víctor Honorato.
El departamento de Filoloxía Galega de la Universidade de Vigo también manifestó ayer su rechazo a un decreto que "agravará" los problemas. El responsable de Política Lingüística de la Xunta, Anxo Lorenzo, pertenece a ese departamento.
Las diez conclusiones del órgano asesor de la Xunta
- El nombre del decreto deberá referirse sólo a las dos lenguas oficiales de Galicia.
- El idioma de la administración educativa y de los centros escolares públicos debe ser, con carácter general, el gallego.
- La introducción de una lengua extranjera como vehicular resulta precipitada y extemporánea en una norma destinada a regular el uso de los idiomas oficiales en el sistema educativo público. Debe regularse específicamente.
- El uso vehicular de una lengua extranjera debe introducirse gradual y voluntariamente, y abarcar, además, la formación profesional y las enseñanzas deportivas y artísticas.
- Debe recogerse la oferta educativa en gallego en el primer ciclo de la educación infantil (hasta los tres años), como dice el Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL).
- En el segundo ciclo de educación infantil (hasta los seis años), debe utilizarse el criterio general de la lengua predominante entre el alumnado. Pero el Consello manifiesta reservas ante la elección delegada en los padres.
- En educación infantil debe recogerse las previsiones del PXNL de habilitar programas voluntarios en gallego para castellanohablantes y garantizar un tercio en gallego en ambientes castellanohablantes.
- El reparto al 50% entre gallego y castellano en primaria, secundaria y bachillerato deben tener en cuenta el PXNL: "Como mínimo, el alumnado recibirá el 50% de su docencia en gallego". El marco general debe ser flexible.
- La consulta a las familias para decidir el idioma de una serie de asignaturas en primaria, secundaria y bachillerato debe retirarse de la propuesta, por razones prácticas y de procedimiento.
- El principio general debe ser el del uso de la lengua en que cada materia es impartida, una exigencia que será de aplicación gradual y flexible.
