La alargada sombra del 14-D

El chaparrón de rumores acerca de la depreciación de la deuda española registrado en los mercados internacionales y las malas noticias difundidas durante las últimas semanas sobre el ejercicio de 2009 (un desempleo del 18,8%, un déficit del 11,4% y un crecimiento espectacular de la deuda pública en los últimos dos años) han convencido al presidente del Gobierno de la necesidad de un viraje estratégico de la política económica con mayor eficacia que mil sabios argumentos. El pasado sábado, Zapatero confirmó al Comité Federal del PSOE su voluntad de impulsar un conjunto de propuestas capaces de servir de paraguas protector frente a las indeseadas consecuencias de malformaciones estructurales que aguardan desde hace años una reforma modernizadora.

Las reformas estructurales de Zapatero deberán recorrer todavía un largo camino

A diferencia de la terca sordera mostrada por el Gobierno ante críticas formuladas previamente en el mismo sentido por el Banco de España y otras instituciones de ámbito nacional, los preocupantes diagnósticos de los organismos internacionales y los riesgos de una rebaja de las calificaciones crediticias de las agencias de rating han tenido un efecto inmediato.

La caída paulina del presidente Rodríguez Zapatero en el camino de Davos obedeció presumiblemente a la urgencia de enviar señales tranquilizadoras a los mercados internacionales para desvincular la suerte de España de los graves problemas de Grecia.

Las reformas estructurales anunciadas por Rodríguez Zapatero -reducción del déficit público en 50.000 millones de euros de aquí a 2013, retraso en dos años de la edad de jubilación, ampliación del período de cómputo para fijar las pensiones y modificaciones del mercado laboral- no han hecho sino iniciar un largo viaje hacia un destino final cuyo paradero aún se desconoce.

El Gobierno, en efecto, afirma su voluntad de plantear esas propuestas de forma abierta a fin de poder negociarlas con sus interlocutores.

El ajuste trienal del gasto público implicará la necesidad de un reparto entre la Administración central, por un lado, y las comunidades autónomas y los municipios, por otro. Las reformas referidas a la jubilación y las pensiones serán llevadas a la Comisión del Congreso sobre el Pacto de Toledo para su discusión y aprobación. Las propuestas sobre la reforma del mercado laboral deberán ser negociadas en la mesa del diálogo social con los sindicatos y la patronal antes de que el Parlamento se ocupe de conferir rango legal a los resultados.

No sólo abundan los pasos intermedios: además, la buena voluntad de los interlocutores del Gobierno no está asegurada. El calendario de los dos años próximos incluye las elecciones catalanas, las autonómicas de régimen ordinario y las municipales antes de que las generales cierren la legislatura en marzo de 2012. Las polémicas cuestiones sometidas a la concertación de las demás fuerzas políticas son poco propicias para un entendimiento de los socialistas con los partidos nacionalistas y con los integrantes del Grupo Mixto del Congreso.

Pese a que la oferta de Zapatero recoge partes significativas de algunas de sus propuestas, es altamente probable que el Partido Popular se resista a partir peras con el PSOE en vísperas electorales y que incluso apele a los más descarnados mensajes demagógicos sobre empleo, gasto público y jubilación.

Las reacciones iniciales de Rajoy y de su portavoz económico, Cristóbal Montoro, han marchado en esa cínica dirección. Y hasta Aznar aprovechó el revuelo para despotricar de Zapatero y remedar caricaturescamente la retórica de Churchill mediante el burdo método de invertir en forma de diatriba su elogio al comportamiento de los pilotos de la RAF en la Batalla de Inglaterra: "Nadie hizo tanto daño en menos tiempo".

Zapatero marcó hasta ahora sus distancias con Felipe González a través del diferente trato dado por los dos presidentes socialistas a las centrales sindicales. La huelga contra la reforma de las pensiones de 1985 y la huelga general del 14-D de 1988 -uno de cuyos objetivos fue el contrato laboral de inserción juvenil- han proyectado una larga sombra intimidatoria sobre la autonomía política decisoria del presidente del Gobierno acerca de cuestiones conflictivas que pudieran poner en riesgo sus buenas relaciones con los secretarios generales de UGT y de CC OO.

No parece, sin embargo, que unas reformas de las pensiones y del mercado laboral merecedoras de tal nombre pudieran ser llevadas a cabo con ese desarmado estado de ánimo presidencial.