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El futuro de Turquía

El pulso por el poder agita Turquía

El Gobierno islamista cambiará la Constitución para vencer el bloqueo del Ejército a las reformas - La justicia procesa a decenas de militares por tramas golpistas

Juan Carlos Sanz

Bombas en las mezquitas. Ataques a la aviación griega. Explosivos en un museo de Estambul durante una visita de escolares... La prensa turca arde en las últimas semanas con el relato de la investigación judicial de dos tramas golpistas militares -marcialmente denominadas Mazo y Cepo-, supuestamente encaminadas a sembrar el caos para propiciar la caída del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Después de siete años con los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en el poder, todo un récord en la reciente historia del país, los turcos parecen vivir absortos en las crecientes preocupaciones de una sociedad en vertiginoso cambio y ajenos al ajetreo de los medios de comunicación.

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"Este Gobierno parece haber perdido fuelle tras los ímpetus reformistas de los primeros años. Ahora no le queda más remedio que acabar con la autonomía de los militares dentro del Estado, con sus exorbitantes poderes, mediante una amplia reforma de la Constitución. Y a nadie le interesa convocar unas elecciones anticipadas si existe riesgo de perderlas", subraya Akin Ozçer, ex diplomático turco destinado largos años en España y columnista político en la actualidad.

Ozçer es requerido a menudo para participar en debates en universidades y canales de televisión en los que explica el modelo de transición política española y, sobre todo, la transformación experimentada dentro del Ejército y la organización autonómica. "La salida del bloqueo pasa por un referéndum constitucional para someter a los militares a la justicia civil y restringir los excesos de la justicia en el cierre de partidos", argumenta. El propio Erdogan ha apostado por dar una salida política a la reciente ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP, prokurdo). "La cuestión kurda tiene dimensión histórica, y sólo hay una solución: en el plano democrático, para asegurar la fraternidad y la unidad nacional".

¿Qué quieren cambiar los islamistas moderados turcos? Restringir al máximo las múltiples fórmulas de ilegalización de los partidos políticos, para que sólo sea posible en los casos de formaciones que apoyan la violencia y el terrorismo; poner a los militares firmes bajo la jurisdicción de los tribunales civiles, con el fin de poner coto a las veleidades golpistas, y aplicar una amplia reforma del aparato judicial, para que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo dejen de actuar como un Senado en la sombra o una cámara legislativa virtual de revisión de las decisiones del Gobierno y el Parlamento.

Pero el AKP no suma las tres quintas partes de los escaños del legislativo que le permitirían reformar directamente el actual texto constitucional, que emana del golpe de Estado de 1980. Pero sí supera los 330 diputados, cuyos votos abren la vía a la ratificación en un referéndum popular de las enmiendas. El escenario más previsible, según los analistas de la prensa turca, es la convocatoria de una consulta constitucional antes del verano, en una votación vista como un plebiscito sobre Erdogan. Si los resultados le son adversos, el primer ministro no tendría más remedio que adelantar las elecciones legislativas, inicialmente previstas para julio de 2011.

La presidenta de la Asociación de Empresarias de Turquía, Gülseren Onanç, abomina de la extrema polarización de la clase política de su país. "Erdogan se ha puesto en un extremo del sistema, al frente de un bloque conservador y religioso, mientras en el otro lado las élites laicas tradicionales intentan manipular las reglas del juego. Nadie, excepto el presidente Abdulá Gül, parece buscar caminos de entendimiento".

Onanç representa al sector laico liberal que dio su apoyo al AKP, que esencialmente se nutre del electorado de la periferia de las grandes ciudades y del interior de Anatolia, para que impulsara las reformas. "El AKP dice que protege a las mujeres y defiende su derecho a la educación, pero no ha hecho nada para incrementar su presencia en el mercado de trabajo, ahora sólo del 24%, y en la política, con apenas un 9% de mujeres en el Parlamento", critica la dirigente empresarial.

Yavuz Baydar, columnista del diario Zaman, también coincide en que no hay más salida que un referéndum para la reforma de la Constitución. "La situación es muy compleja, con el aparato judicial y militar del Estado laico al acecho otra vez para desencadenar un nuevo proceso de ilegalización del AKP". En su opinión, "el poder civil y el Ejército acabarán por desbloquear la situación, pero antes habrá que depurar a los elementos golpistas". Más de 160 militares, entre ellos 29 generales, están siendo investigados por las propias Fuerzas Armadas en relación con el llamado caso Cepo, una trama que pretendía, según los documentos filtrados a la prensa, dinamitar un antiguo submarino fondeado en un museo del Cuerno de Oro de Estambul durante la visita de un grupo de estudiantes. La cúpula de las Fuerzas Armadas se ha apresurado a proclamar que la "era de los golpes de Estado ya ha pasado a la historia", pero decenas de militares, en activo o en situación de retiro, están siendo juzgados en la actualidad a las afueras de Estambul por sus implicaciones con movimientos golpistas.

Turquía vive instalada en la incertidumbre política. Tres golpes de Estado militares (1960, 1971 y 1980) y dos intentonas del Ejército para defenestrar al poder civil (1997, con éxito, y 2007, que al parecer aún colea), jalonan el pulso por el poder en la República fundada por Mustafá Kemal Atatürk, tras el desmoronamiento del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial.

"Los militares son los padres fundadores del Estado, en cierto sentido. Los fundadores de la República -Atatürk, Inonu- eran militares que tenían como objetivo central que Turquía se convirtiera en país moderno y occidental, europeo. ¿La cuestión ahora es: queremos democracia o no?", se pregunta el ministro de Asuntos Europeos, Egemen Bagis.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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