La pesadilla

Otra pesadilla se cierne sobre la economía española, la de su credibilidad exterior, puesta en cuarentena por organismos multilaterales como el FMI, las agencias de calificación de riesgos y por diversos gurús, que son escuchados por unos mercados que actúan como borregos en un rebaño. No sólo importa que tengan razón en la descalificación de la situación; importa también la percepción que manifiestan sobre nuestra coyuntura y sus dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas del país.

El desiderátum de ello lo representan las palabras de Nouriel Roubini, el profesor que predijo el estallido de la burbuja con dos años de adelanto, cuando el pasado miércoles analizó en Davos la posibilidad del estallido de la eurozona, y remató con la siguiente frase: "Si Grecia cae, la eurozona tiene un problema; pero si cae España será un desastre". Aunque en condicional, ello incorpora la posibilidad de esa caída. Palabras peligrosas que sin duda tuvieron que ver con la bajada inmediata de los mercados bursátiles.

El Gobierno ha de hacer compatible la austeridad con el gasto social y el mantenimiento de las políticas de estímulo

Que la situación económica de España no sea sólo un desastre para sus ciudadanos sino también para los de los países vecinos está sustentado en los datos macroeconómicos: recesión más prolongada, paro cercano al 20% de la población activa, déficit de dos dígitos, una deuda pública que aun siendo muy inferior a la media europea se ha incrementado exponencialmente, y caídas de los sectores que han centrado su modelo de crecimiento en las últimas décadas como la construcción y el turismo. La disminución de la credibilidad exterior de la economía española se está manifestando en el aumento del riesgo-país (la diferencia que ha de pagar el Reino de España por sus emisiones de deuda en relación con el bono alemán a 10 años), que en los últimos días se acercaba peligrosamente a un punto porcentual (noventa puntos básicos, a media semana).

¿Qué parece que va a intentar el Gobierno español para sajar esta percepción? Un plan de austeridad que quiere que afecte al conjunto de las Administraciones Públicas (y que por tanto requerirá de un pacto autonómico y municipal) para reducir el déficit público y volver a la senda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que es obligatorio para los países del euro, so pena de sanciones (3% del PIB de déficit y 60% del PIB de deuda pública, como máximo). Con una limitación: no se tocará el gasto social, la educación y la inversión en I+D. Pero ¿y el resto de la inversión y de gastos? Paralelamente a sus reiteradas promesas de no reducir el gasto social en tiempo de crisis y a la urgencia de disminuir el desequilibrio de las cuentas públicas, so pena de incrementar las dificultades para la financiación, el Ejecutivo se encuentra con una economía estancada y con la recomendación del FMI y otras instituciones de que no se levanten los planes de estímulo ante el peligro de caer de nuevo en la sima. Frente a esta cuadratura del círculo, el Ejecutivo habrá de reordenar las prioridades y hacer pedagogía del nuevo escenario.