Una batalla legal contrarreloj

El recurso del Gobierno a la ley gallega de cajas de ahorro paralizará, de plantearse, la aplicación de la norma autonómica y, en consecuencia, la renovación de los consejos de administración de Caixanova y Caixa Galicia que ésta prescribe. Si el Tribunal Constitucional se demora varios meses en emitir una sentencia, la viabilidad de la fusión se vería amenazada, toda vez que, según concluyó la auditoría independiente encargada por la Xunta, esta sólo es asumible si se cuenta con las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que estarán vigentes únicamente hasta junio salvo que la Comisión Europea prorrogue su validez.

La Ley de Cajas de Ahorro de Galicia obliga a renovar los órganos de Gobierno a los dos meses de su entrada en vigor, que se produjo el día 6 de este mes y que debería, en consecuencia, completarse en la primera semana de marzo. Esa renovación permitiría a PP y BNG constituir una nueva mayoría proclive a la fusión en los órganos de Caixanova. Con este calendario en mente, el Gobierno puede acogerse al artículo 161.2 de la Constitución y plantear un recurso de inconstitucionalidad que suspenda la aplicación de la ley hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo.

La suspensión se retrotrae al momento en que se presente el recurso

Desde el Constitucional aseguran que, salvo que exista un defecto de forma en el recurso, la admisión a trámite se aprobaría en no más de 15 días. A estos hay que añadirle otros 15 que tiene el Consejo de Estado para emitir el dictamen que el Ejecutivo le ha pedido "con carácter de urgencia". Aunque se agoten estos plazos, la ley gallega estará en suspenso como mucho en un mes, salvo que el Gobierno atienda a un dictamen del órgano consultivo favorable a ley autonómica. En caso contrario, cualquier avance en la renovación de los órganos de las cajas se verá afectado, puesto que los efectos de la suspensión se retrotraen al momento en que se presenta el recurso. El Constitucional puede, no obstante, decidir cada cinco meses si mantiene la suspensión o la levanta. Si no lo hace, parece difícil que la unión de las cajas se termine materializando, habida cuenta de la oposición del consejo actual de Caixanova.

En estas circunstancias, la Xunta poría optar por una solución similar a la que pergeñó la Comunidad de Madrid con su ley de cajas de 2008. Aquella norma cambiaba los porcentajes de representación de los consejos para favorecer el poder de decisión del Gobierno regional en detrimento del Ayuntamiento, en el marco del pulso personal entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. El Gobierno también optó entonces por presentar recurso al Constitucional, que lo admitió a trámite. El Ejecutivo de Aguirre reaccionó de inmediato y corrigió varios aspectos de la ley por el trámite de urgencia, a tiempo de que fuese aplicable en el proceso electoral de la caja madrileña.