El Gobierno deja en el aire la fusión

El debate sobre las cajas traspasó ayer la frontera gallega y puede convertirse en un pulso entre el Gobierno central y la Xunta. La ministra de Economía, Elena Salgado, confirmó que su departamento detecta en la Lei de Caixas, aprobada en diciembre, indicios de inconstitucionalidad "que van mucho más allá de las cuestiones que provocaron [en su día] el recurso contra la ley madrileña". Un jarro de agua fría a la fusión si, finalmente, el recurso congela la aplicación de la norma que se proponía poner patas arriba los órganos de decisión de las cajas de ahorros. Equiparar el caso madrileño con el gallego supone, además de un golpe para la imagen de Alberto Núñez Feijóo, recordar un mal precedente, ya que la ley impulsada por el Gobierno de Esperanza Aguirre necesitó hasta tres modificaciones para adaptarse a la regulación vigente.

El PP reprocha al Gobierno falta de respeto institucional por la Xunta

Caballero mantiene la convocatoria de una manifestación para el 9 de febrero

El Gobierno central cree que la Xunta ha utilizado el texto para atribuirse potestades en las cajas "que no le corresponden", con el fin de juzgar decisiones "que deberían de estar en manos de los administradores", indicaron fuentes de Economía. Una de estas decisiones podría estar en la obra social, donde el texto apoyado por PP y BNG exige la autorización expresa de la Consellería de Facenda en las inversiones superiores a medio millón de euros distribuidos en tres años. Desde el PP recuerdan, sin embargo, que otras leyes de cajas en España atribuyen poderes a los gobiernos autonómicos "iguales o mayores", sobre las inversiones sociales, como Andalucía o Euskadi.

Fuentes del Ministerio de Economía, que no precisaron qué artículos en concreto chocan con el marco que establece la Ley de Órganos Rectores (Lorca), sustentan la supuesta inconstitucionalidad en otro punto: el reparto de sillas en las asambleas. Por primera vez, la ley da entrada a los partidos representados en el Parlamento (que ocuparán el 20% de los puestos), rebaja en un 5% el peso de los ayuntamientos y en un 7,5% el de las entidades fundadoras (las diputaciones de Pontevedra y Ourense y el ayuntamiento de Vigo). El Consejo de Ministros confirmó ayer que pedirá un dictamen urgente al Consejo de Estado, que aunque no es vinculante, reforzará o frenará las sospechas de Salgado. Éste tendrá quince días para elaborar su valoración, aunque podría acortar los plazos y prepararlo en diez.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dejó claro que, si hay indicios de "ilegalidad", la paralización de la norma está asegurada. Eso supondría que el actual proceso de renovación de las asambleas quedaría congelado durante un máximo de cinco meses y, por consiguiente, el consejo de Caixanova mantendrá su "no" rotundo a la integración.

Pero el anuncio del Gobierno no cogió por sorpresa al PP gallego. "Se esperaba una cosa así, pero si quisieran paralizar la ley podrían haberlo hecho directamente, sin el dictamen del Consejo de Estado", aseguraron ayer fuentes del partido. Esas mismas fuentes creen que, hoy por hoy, "todo está abierto" en la carrera para acordar una fusión que pueda aprovecharse de la financiación habilitada por el Banco de España a través del fondo de reestructuración bancaria, al que Bruselas ha puesto como fecha de caducidad el 30 de junio. La Consellería de Facenda, por su parte, se remitió a que sus informes jurídicos "avalan por completo" la ley. Pedro Puy, y portavoz económico del PP, cree que el equipo de Zapatero se ha saltado el respeto institucional que la Xunta sí tuvo con el Gobierno al abrir vías de diálogo antes de recurrir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Quien no valoró el anuncio fue el presidente de la Xunta, de visita en Portugal. Lo hizo en su lugar el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que calificó la iniciativa de "castigo político que lo único que parece buscar es que Galicia se quede sin cajas". "Ahora queda claro que para el Gobierno la solvencia de la fusión no era lo importante", afirmó, ya que "no se esperó" al dictamen del Banco de España. Rueda también criticó que el Ejecutivo central no se haya puesto en contacto con la Xunta para explicar los puntos en conflicto.

Los indicios de ilegalidad que ve Salgado en la norma no sorprendieron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que cree que es "un gran avance" para que Caixanova "se mantenga como entidad independiente. Pero la noticia no le ha hecho cambiar de idea, y mantiene su decisión de convocar a los "300.000 vigueses", -no extiende la llamada a ayuntamientos limítrofes-, a una "manifestación que será masiva", el próximo 9 de febrero, en contra de la fusión. Su socio de gobierno, el BNG, le recordó a Caballero que muchos colectivos sociales están en contra de su convocatoria.

Mientras no se formalice un recurso, la ley aprobada por PP y BNG, que entró en vigor el 6 de enero, es la que rige y deben acatar las cajas, que continúan trabajando para designar sus nuevos representantes. Ayer el PP dio a conocer a sus candidatos, entre los que están Marta Gutiérrez Mediero, ex concejala del partido en Vigo; Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho,el ex senador del PP Carlos Mantilla o el profesor de la Universidad de Vigo Jorge González Gurriarán.

Ayer la caja con sede en Vigo comenzó a emitir las cartas de cese de los consejeros salientes. En cuanto las reciban, entidades como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios o el Ayuntamiento interpondrán un recurso contencioso.