Regularizada por decreto una gran superficie ilegal

El nuevo decreto ley de comercio puso ayer el punto final a una novela que duraba ya ocho años. Lo hizo de manera discreta, casi imperceptible. En una disposición adicional, la novena, la normativa dirigida a la ordenación de equipamientos comerciales legalizó la existencia de la gran superficie de la compañía Boulanger en Sant Boi de Llobregat, a pesar de que en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que debía cerrar porque las licencias no eran válidas, ya que las otorgó el Ayuntamiento, y no la Generalitat como obligaba la ley.

La historia comenzó poco después de que la francesa Boulanger, dedicada a la electrónica (hoy propiedad de la portuguesa Worten, pese a que mantenga el antiguo nombre, según confirmó ayer una empleada), abriera sus puertas en 2002. La licencia se la había concedido al centro, de 1.900 metros cuadrados, el Ayuntamiento de Sant Boi. La Generalitat, en manos entonces de CiU, aseguraba que debía haber dado también el visto bueno. Y ambas autoridades se metieron a discutirlo en los tribunales ese mismo año.

Comercio dice que se ha visto obligado a solucionar "un problema enquistado"

Tras varias idas y venidas, el juez dio la razón en 2007 al Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia firme e inapelable según la cual las licencias de obras y la ambiental concedidas eran nulas, por lo que la tienda debía cerrar. Pero nadie se atrevió a ejecutar la sentencia. El Ayuntamiento pasaba la patata caliente a la Generalitat y ésta insistía en que debía ser el municipio el que deshiciera el entuerto creado. Y así, sin licencia (puesto que la original quedó revocada), lleva años funcionando el centro.

Hasta ayer. El decreto ley para los equipamientos comerciales, ratificado en el Parlament, incluye una disposición adicional que dice que quedan excluidas de cumplir los requisitos del decreto (y por tanto legalizadas) tres áreas comerciales, entre ellas "el plan parcial del centro comercial de Sant Boi, con una superficie de venta máxima de 2.000 metros".

Gemma Puig, directora general de Comercio, explicó ayer que gracias a esta disposición "se ha conseguido solucionar un problema que llevaba años enquistado". Aseguró que la superficie abrió en un momento de transición y por eso hubo ciertas confusiones. "Pero no se puede cerrar, y menos en un momento como éste. Lleva ocho años abierto y tiene una plantilla amplia. Sería un golpe para Sant Boi", justificó. Ellos, defendió, sólo han hecho lo que tenían que hacer: la justicia dijo que era la Generalitat la que debía otorgar la licencia y así lo han decidido.

La Confederación Catalana de Comercio no veía las cosas de una manera tan positiva. Estaba indignada con el asunto, que calificó de vergonzoso. "No es de recibo que. en lugar de hacer cumplir las sentencias, se legalicen comercios que no cumplen la normativa", lamentó Miguel Ángel Fraile, su secretario general. Además, aseguró, las otras dos zonas bendecidas ayer fuera de la normativa, una en Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) y otra en Sant Cugat del Vallès, también irán en beneficio de grandes superficies.

"Un decretazo", lo bautizó Carles Pellicer, diputado de CiU. "Estas cosas pasan porque la normativa no se ha querido consensuar por la vía de ley y se ha hecho con decreto. De este modo, han fabricado trajes a medida para quien les ha interesado", lamentaba Pellicer, que ha estado años reclamando el cierre de la tienda. "Todo el decreto tiene mucho oscurantismo. Ahora, con las licencias otorgadas por los ayuntamientos, será muy complicado saber quién opera con licencia y quién no, porque habrá que ir uno por uno", se quejaba. "El problema estuvo en su día en manos de CiU. Ellos podían haberlo solucionado y no lo hicieron, así que hemos tenido que actuar nosotros", zanjó la responsable de Comercio.