Los 84 municipios costeros deberán reformar su normativa urbanística

Todos los ayuntamientos gallegos están obligados a adaptar sus planes generales a la Ley del Suelo de Galicia, de 2002. No es un trámite sencillo: en ocho años, seis más de los que concedía la ley, sólo 41 lo han logrado. En la costa la situación empeora: de los 84 municipios bañados por el mar, únicamente seis cuentan con un planeamiento ajustado a la norma autonómica. El resto están todavía en ello. La situación se complicará para todos ellos el año próximo, cuando entre en vigor el Plan del Litoral, ya que tanto los que están en fase de redacción como los que ya han hecho los deberes deberán adaptarse a la nueva planificación costera.

Las disposiciones transitorias del Plan de Ordenación del Litoral (POL), cuyo borrador está siendo consultado con los ayuntamientos, conceden dos años de plazo a los pocos municipios con planeamientos adaptados para que revisen sus respectivas normativas. Esta decisión aboca a corporaciones como la de Vigo, que dejó atrás en 2009 casi una década de tramitación de su plan general, a retomar la redacción de su planeamiento. Los ayuntamientos que aprueben sus planes generales antes de la entrada en vigor del POL estarán en la misma situación. Los que no lleguen a tiempo deberán reformarse sobre la marcha, bien con una adaptación completa, si no pasaron aún el trámite de aprobación inicial, o parcial, si sólo estuvieran pendientes del visto bueno de la Xunta.

Hernández anuncia que prorrogará de forma parcial la ley de los 500 metros

El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se ofreció ayer para negociar con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) las condiciones y eventuales ayudas para la adaptación de los planeamientos. "Intentaremos consensuar un plan razonable", anunció. Hernández también se comprometió a aprobar en diciembre el otro gran proyecto urbanístico de la consellería, las Directrices de Ordenación del Territorio.

El director general de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, mientras, restó importancia al impacto del nuevo plan en los ayuntamientos, que será "menor de lo que se puede suponer". Se trata de hacer ajustes "menores", que "no deberían interferir en el plazo" para aprobar los instrumentos de ordenación municipales. "Bajo ningún concepto" tendría que provocar un retraso en los trámites, sostuvo.

Pero mientras se produce la entrada en vigor del Plan del Litoral, la urgencia para la consellería consiste en agilizar las consultas con los ayuntamientos costeros a fin de decretar una prórroga parcial de la ley de los 500 metros antes de que venza la actual, el 17 de mayo. Según anunció Hernández, se trata de una medida intermedia entre la prohibición total de construir en esa franja -tal y como la aprobó el bipartito y la prorrogó la Xunta de Feijóo-, y la liberación de ese suelo. El decreto será similar al que tenía preparado la anterior conselleira, la socialista María José Caride, y consistirá en levantar la prohibición sólo en aquellas zonas que el borrador del Plan del Litoral declare exentas de protección.