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El Gobierno gestionará las penas alternativas a la prisión

La negociación está "muy avanzada", según Mendia

La gestión de las penas alternativas a la prisión, que incluyen los trabajos en beneficio de la comunidad, los terceros grados o los controles telemáticos de los reclusos, estarán "en breve" en manos del Ejecutivo autonómico, según aseguró ayer la portavoz y consejera de Justicia, Idoia Mendia. Las negociaciones para esta transferencia, parte de las competencias estatutarias en materia de prisiones, están "muy avanzadas", indicó.

Esa competencia se añadiría a la de los servicios sanitarios y docentes en las cárceles, que ya prestó el Gobierno vasco a través de un convenio, que fue denunciado en 2007 por el anterior consejero al no conseguir el traspaso íntegro. Mendia resaltó que se trata de materias que "ayudan a gestionar mejor la reinserción de los penados". Su departamento, explicó, trabaja con el de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, para elaborar "un ambicioso plan" que englobe todos los aspectos del recorrido de reinserción social que debe realizar un recluso -formación en prisión, tratamiento de drogadicciones y el seguimiento sociolaboral una vez fuera-.

Faltan 400 plazas para condenados a trabajo en beneficio de la comunidad

La consejera anunció también la firma de un convenio de colaboración con la Dirección de Instituciones Penitenciarias para crear 50 plazas adicionales a las 300 existentes ahora para cumplir penas con trabajos en beneficio de la comunidad. Es el modo en que se saldan, por ejemplo, las condenas por muchos delitos de tráfico.

El aumento de estas penas ha provocado un "atasco" y listas de espera debido a que no existen plazas suficientes. De hecho, Mendia dijo que serán necesarias 700 para dar salida a todos los que esperan cumplir sus condenas a través del citado procedimiento. Las personas afectadas por esa insuficiencia de respuesta de la administración se ven abocadas a problemas de alcance, porque su situación de penados pendientes de cumplimiento les impide ejercer derechos ciudadanos como el de presentarse a unas oposiciones o realizar una adopción.

Por otra parte, el Gobierno reguló ayer la participación de voluntarios en labores de protección civil.

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