Xunta y Fiscalía unen esfuerzos contra la trata de mujeres

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, firmaron ayer en Santiago un protocolo que articula alguna de las previsiones de la Ley de Extranjería sobre el tratamiento a las mujeres foráneas víctimas de las redes internacionales de prostitución. Las afectadas tendrán a partir de ahora un mes para decidir si quieren denunciar a sus explotadores, en cuyo caso podrán optar al permiso de residencia. El documento prevé asimismo que sean acogidas por ONG en virtud de un programa de prevención y asistencia dependiente de la Secretaría Xeral da Igualdade.

"Nuestra comunidad autónoma es destino final de un importante número de mujeres víctimas de tráfico sexual en los clubs de alterne, casas y pisos", señaló Varela en un discurso leído, en el que destacó que más del 70% de las extranjeras en situación irregular identificadas en las inspecciones policiales en locales de alterne de Galicia proceden de Brasil, trabajan en "condiciones de salubridad mínimas" y suelen tener que ceder la mitad de sus ganancias a los proxenetas.

El fiscal rechazó dar detalles sobre el estado de la Operación Carioca

"Con frecuencia las víctimas sienten terror a denunciar a los infractores, ya que esto puede suponer serios riesgos para su integridad o la de sus familiares en su país de origen; además temen ser expulsadas del país europeo en que se encuentren", explicó.

"España no es sólo un país de tránsito, sino en alto grado de destino", indicó Feijóo respecto a las mafias internacionales de la prostitución, y destacó que la Xunta quiere "avanzar en la cooperación internacional", por lo que se prevén acuerdos de colaboración con la comisión para la igualdad de sexos de Portugal.

El texto del protocolo -cuyo presupuesto todavía no ha sido aprobado- consta de cuatro títulos, de entre los que destacan el relativo a los derechos y obligaciones de las víctimas. Este apartado garantiza el derecho a un periodo de reflexión de al menos un mes y a recibir alojamiento y asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitos, a cambio de colaborar con las investigaciones y no retractarse de los testimonios. Otra sección describe el procedimiento policial en las investigaciones sobre trata de mujeres y la coordinación entre policía, jueces, inspección laboral y ONG, y una última recoge los objetivos y funciones del programa de prevención y asistencia a las víctimas.

El fiscal rechazó dar nuevos detalles respecto al estado de la Operación Carioca -que investiga la trama de prostitución en clubes de alterne de la provincia de Lugo destapada el otoño pasado y en la que participaron miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional y Local-. "El proceso está en fase de investigación y recogida de pruebas para poder llevarlas a juicio con eficacia", apuntó.