Sebastián y Barreda, guerra abierta

La Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, replicó ayer con dureza al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que considera que el rechazo de la comunidad autónoma al almacén nuclear "no tiene importancia". El secretario de Organización del PSOE en la comunidad, José Manuel Caballero, cargó contra el ministro: "Con declaraciones como ésta se entienden los problemas por los que atraviesa el Gobierno de España". Además, advirtió de que la Junta tiene "instrumentos urbanísticos, ambientales y fiscales para evitar que el almacén nuclear" vaya a Guadalajara, donde hay alcaldes del PP interesados.

La respuesta de Castilla-La Mancha revela la dificultad para solucionar el problema de los residuos radiactivos, que ningún Gobierno hasta ahora había afrontado. Industria debe decidir en dos meses y medio dónde lo instala y la bronca política -los técnicos están todos de acuerdo en que hay que construir uno- es la principal amenaza.

El PP apoya el ATC, pero Cospedal amenaza a sus ediles si lo piden

El viernes, Sebastián restó importancia a la oposición de Barreda a que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares vaya a Guadalajara. Según explicó a este diario, es un asunto entre el Gobierno y los ayuntamientos candidatos y tiene el respaldo unánime del Congreso. Sebastián puso voz al malestar del Ejecutivo con Barreda por torpedear abiertamente un proyecto del Ejecutivo imprescindible. Pero a la vez desencadenó una espiral de bronca política que puede dificultar aún más la selección del emplazamiento.

El ATC supone una inversión de unos 700 millones de euros y lleva un centro de investigación asociado. Aunque hay municipios interesados, el principal escollo serán las comunidades autónomas. En la convocatoria para pedir candidatos las autonomías apenas tienen competencias -sólo pueden alegar-, pero luego pueden actuar en el trámite urbanístico o declarar alguna zona protegida. La Junta andaluza puso un impuesto al almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad y Castilla-La Mancha ha tomado nota.

Caballero señaló que "el ministro está muy alejado de la realidad y de lo que piensa la gente en Guadalajara" y añadió que la legitimidad de Barreda es muy superior a la de Sebastián: "Uno goza del respaldo ciudadano frente a un ministro que debe su cargo al dedo que le puso". El responsable del PSOE insistió en el "enorme malestar" de los socialistas manchegos.

Casi todos los países europeos tienen una instalación para albergar los residuos radiactivos durante miles de años. En España cada central guarda los suyos. Se pensó que sería una opción momentánea, pero hasta ahora todos los Gobiernos habían pasado de largo. Ya no queda tiempo: el contrato con Francia para que estén allí los residuos de Vandellòs I concluye en 2011, Garoña cierra en 2013 y las centrales comienzan a estar saturadas de residuos. El almacén es una instalación en superficie pensada para unos 70 años que guarda en bidones los residuos. O se construye uno para toda España o habrá que construir uno en cada nuclear -Trillo y Zorita ya lo tienen-, lo que es más caro e inseguro.

En Guadalajara ya hay dos almacenes de residuos radiactivos y dos ayuntamientos del PP se han movido para acogerlo (Yebra y Almonacid de Zorita, que parece que se va a echar atrás), y el sector considera que su elección no tendría coste político para Barreda. "Decimos que no al ATC porque Guadalajara, que ha tenido dos nucleares, ya ha cumplido con su cuota de solidaridad", señala Caballero. La oposición vive una contradicción tan grande como la de los socialistas, ya que la número dos del partido y líder en la región, Dolores de Cospedal, defiende una cosa en cada sitio. El PP oficialmente apoya la construcción del ATC, pero en Castilla-La Mancha ha amenazado con expedientar a los ediles de Guadalajara que lo piden.

En Tarragona, otra de las zonas con nucleares y aspirantes, también hay oposición autonómica, no del PSC, sino de sus socios, ERC e ICV. El Gobierno confía en que habrá aspirantes de zonas que no son nucleares aunque admite que allí la resistencia de la población, no habituada al entorno nuclear, puede ser mayor. En dos semanas termina el plazo para presentar candidatos y ninguna opción será sencilla.