Sindicatos y exhibidores claman contra la ley catalana del cine

La polémica ley del cine en Cataluña continúa despertando la oposición del sector. Ayer, sindicatos y exhibidores firmaron un manifiesto conjunto contra el proyecto de ley, aprobado esta semana y que obligará a doblar o subtitular al catalán la mitad de las copias de los filmes de estreno, a excepción de los europeos (sólo se verán afectadas las cintas con más de 15 copias). Los firmantes del texto creen que los planes del Gobierno catalán originarán "unas pérdidas económicas de al menos el 14% en el primer año", además del despido de unos 1.800 trabajadores.

Los sindicatos CC OO y CGT, que representan al 77% de los trabajadores del sector, y el Gremio de Empresarios de Cines en Cataluña -aglutinador del 81% del mercado- quisieron dejar clara su férrea oposición ante el endurecimiento de una ley que creen que pone en riesgo la "viabilidad" del sector. Consideran que el texto demuestra que el Gobierno autonómico desconoce la realidad económica de las salas, que entre 2003 y 2008 perdieron siete millones de espectadores a causa de males como la piratería. La nueva ley -auguran- "agravará todavía más la situación de los empleados de un sector que está haciendo un gran esfuerzo para mantener los puestos de trabajo" y puede conducir al "cierre de salas".

Según CC OO, las empresas podrían despedir a 1.800 trabajadores

Según sus estimaciones, el 21% de los espectadores escoge ver una película en catalán, de manera que el aumento en la oferta de películas en esta lengua no resultará rentable, a su juicio.

Por todo ello, los exhibidores ven el futuro muy negro. "Las pérdidas en torno al 14% son sólo una estimación. Las majors no estrenarán bajo la imposición de cuotas lingüísticas. Y no nos engañemos, si no me dan Avatar, nadie me podrá compensar de ninguna manera", explicaba Camilo Tarrazón, presidente del Gremio de Empresarios de Cine en Cataluña. "Conocíamos la voluntad de Cultura de imponer cuotas, pero esperábamos que el presidente Montilla pusiera sentido común. Ésta es una ley de política lingüística, no de cine. Y sólo hay un motivo para aprobarla con urgencia: que la consejería no ha hecho los deberes y se acaba la legislatura". CC OO cree que el departamento está "obcecado" y lamenta que no haya aceptado ninguna de las enmiendas propuestas. Ahora, sindicatos y exhibidores están a la espera de reunirse con el Departamento de Trabajo o con el presidente de la Generalitat, José Montilla, aunque si las negociaciones no llegan a buen puerto no descartan tomar otras medidas.

Los sindicatos aprueban la creación de una Red de Cines en Catalán, propuesta por el gremio de empresarios y Fedicine, que incluiría 53 pantallas repartidas por todo el territorio y tendría, al menos, una en cada gran multicine. "Un comité escogería 20 títulos entre los 50 más taquilleros para componer la programación, y en función de la demanda, la oferta podría aumentarse. Los distribuidores y el Gobierno tendrían que acordar quién paga el doblaje, eso sí", señala Tarrazón.

En la consejería de Cultura de la Generalitat, en cambio, ven la iniciativa "insuficiente", ya que calculan que el cine doblado pasaría entonces del 3% actual al 8%.

Al debate sobre si existe un público para el cine en catalán se sumó también ayer la Plataforma per la llengua con un estudio que apoya la necesidad de la ley. El texto subraya que, a excepción del catalán, "no hay lengua oficial de unos nueve millones de espectadores potenciales, que no tenga una oferta en las salas en esa lengua". Hasta ahora, las sesiones en catalán han sido verdaderamente minoritarias. De las proyecciones que se hicieron en 2007, únicamente el 3% eran en catalán. El estudio hace énfasis en el peso de Cataluña, que ocupa la segunda posición en gasto por habitante en el cine en Europa, tras Irlanda.

Pero el Gremio de Empresarios argumenta que antes de aprobar la ley y prever sanciones habría que crear al público progresivamente. "Las compañías no van a invertir en doblar una película al castellano y al catalán para recaudar lo mismo". El Gobierno insiste en que el público existe y que ahora podrá escoger.