La eficiencia de las veguerías

No es la primera vez en los últimos meses que me refiero en estas páginas al concepto de eficiencia con relación a temas políticos y, tal vez, es necesario que haga una introducción del porqué de mi insistencia. El término "eficiencia" surge del lenguaje económico y, a veces, se confunde en el lenguaje corriente con el de "eficacia". Ser eficaz significa ser capaz de conseguir los resultados deseados. Ser eficiente significa conseguir los resultados deseados, con la utilización del mínimo de recursos posibles. La eficiencia es más valiosa que la eficacia. Es más fácil hacer una casa funcional y bonita si no hay limitaciones de presupuesto, que si además se requiere un presupuesto ajustado.

No he presenciado ni leído ningún debate serio respecto a la posible mejora de eficiencia del nuevo modelo sobre el actual

Pongo otro ejemplo del que se oirá hablar mucho en los próximos años. Conseguir que poniendo gasolina en un vehículo, acabe corriendo y subiendo montañas es algo que aunque parezca natural ha supuesto muchísimos desarrollos científicos y tecnológicos durante todo un siglo. Las tecnologías del automóvil son de una gran eficacia. Pero en su diseño no se introdujeron criterios de eficiencia, seguramente porque cuando se diseñaron los actuales, el petróleo era muy abundante y muy barato. Hoy día esta situación ha cambiado y nos vemos obligados a utilizar nuevas tecnologías más eficientes, es decir, que consigan los mismos objetivos con menos gasto de recursos.

Mi preocupación viene derivada de la impresión que tengo de que la eficiencia es un concepto que no ha calado suficientemente, por ahora, en el sector público ya que nadie se siente responsable de los recursos. No pienso sólo en las administraciones, sino también en los servicios públicos. La sanidad pública en general, puede compararse en cuanto a calidad con la privada, pero es mucho menos eficiente en la utilización de recursos clínicos o farmacéuticos. Muchas de las televisiones públicas superan, creo yo, en calidad a las privadas, pero con un nivel superior de costes que no está justificado por la diferencia de calidad. Podría seguir con otros ejemplos, pero quiero centrarme en lo que son las administraciones públicas en sí mismas y en sus servicios.

En este caso, la eficiencia es más difícil de medir, ya que tanto costes como resultados son mucho más difíciles de expresar en términos puramente económicos. Pero no por ello la eficiencia puede ser obviada. No hay que olvidar que un país competitivo es antes un país eficiente, y que esto no significa solamente empresas eficientes sino también educación, justicia, sanidad, y Administración eficientes.

Todo ello viene a cuento de la sensación que he tenido observando el debate sobre el posible cambio de ordenación territorial en Cataluña. Independientemente del grado de importancia que cada uno pueda tribuir a este tema, parto de la base de la legitimidad y la conveniencia de que se plantee. Pero mi preocupación está en los términos del debate, ya que se han planteado muchas discusiones sobre el número, la naturaleza, las fronteras, la capitalidad y otros aspectos muy comprensibles, pero no he presenciado ni leído ningún debate serio respecto a la posible mejora de eficiencia del nuevo modelo sobre el actual, ni sobre las ventajas o inconvenientes, en este aspecto, de las posibles alternativas.

No creo que exista una memoria aneja a la propuesta en la que se detallen las mejoras de servicios o las reducciones de recursos que supondría. No digo que éstos hayan de ser los únicos motivos para defender o para oponerse al cambio, pues hay razones de tipo político e histórico, algunas de las cuales comparto. Pero no podemos obviar que el motivo fundamental de la Administración (¡y de la política, no lo olvidemos!) es el servicio al ciudadano y que en toda reforma administrativa debe estar garantizado que se hace para mejorarlo.

Lo grave de la ausencia de este planteamiento es que hace que se convierta en fácil y extendida la crítica de que se trata de seguir prestando los mismos servicios con otros nombres, con más niveles administrativos, con más funcionarios y con más políticos. Y esta crítica sólo se puede rebatir con cifras y con datos que, si se tienen, no se han exhibido por parte de ninguno. Luego nos haremos preguntas sobre la actitud ciudadana frente a la política...

Joan Majó, ingeniero y ex ministro de Industria.