La Falange y el Supremo
El Tribunal Supremo de Alemania ha admitido a trámite una querella del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), el Partido Nazi alemán, contra un juez, el filósofo Jürgen Habermas, por querer investigar los crímenes del nazismo. El hecho, claro, es falso. ¿Pero consideran imposible que este supuesto, más cercano a la ignominia que a la estupidez, pudiera llegar a suceder? No hagan apuestas: el Tribunal Supremo español ha admitido a trámite una querella de Falange Española de las JONS contra el juez de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y
el franquismo.
La sala de lo penal admite esta querella
por prevaricación interpuesta por Falange y acuerda acumularla
a las ya presentadas
-y admitidas- del sindicato fantasma ultraderechista Manos Limpias, al ser "en todo punto coincidentes", dice el auto. Ya existía otra denuncia, también coincidente, de la asociación Libertad
e Identidad, cuya ideología puede deducirse fácilmente
de su página web.
Si el ejemplo de Alemania no era creíble se debía a que el sentido común rechaza la hipótesis de que cualesquiera jueces de cualquier alto tribunal pudieran aceptar la denuncia de unos matones -demostrados, confesos y con miles de páginas de sus héroes presumiendo de tales acciones para defender a España y su revolución nacionalsindicalista- contra el juez que pretende averiguar si
en aquellos fusilamientos sin juicio que practicaron sus militantes hubo o no delito. Ese sentido común no se vislumbra en esta decisión del Supremo, que da carta de naturaleza a tres denunciantes más que sospechosos y que además, como se ve, han concertado su acción.
Anda el Tribunal Supremo rebosante de casos sin resolver, más de 20.000, como para perder tiempo
y medios en estas deplorables denuncias de deplorables denunciantes. Y puesto que la sala ha tomado esta decisión en contra del criterio de la fiscalía, alguien podría pensar que nos encontramos ante "una instrucción inquisitorial, prospectiva
e infinita" del Supremo, en calificativos
del defensor
del juez Garzón.
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