Sin sanciones no hay paraíso

¿Conviene introducir sanciones para hacer eficaz la nueva Agenda de Lisboa, dado el fracaso de sus medidas voluntarias desde hace 10 años para hacer de Europa la economía "más competitiva del mundo" en 2010? ¿Debe ser vinculante, obligatoria, la política económica de la Unión (artículo 119 del Tratado de Funcionamiento de la UE, TFUE)? ¿O debe dejarse sólo al albur del compromiso etéreo de los Gobiernos?

Una política seria abarca cuatro piezas: un objetivo claro; un calendario en el que alcanzarlo; un método a seguir; y una capacidad coercitiva, o potestad sancionadora, ostentada por la autoridad de referencia.

Sin objetivo o calendario o método o coerción no hay política. Sólo retórica. Sin sanciones no hay paraíso. Eso vale para el Código de Circulación y para la normativa europea. Quien se opone a la capacidad coercitiva para que se cumpla una ley, milita, de hecho, contra la existencia de ésta. Ahora bien, esa capacidad puede desplegarse en un abanico de intensidades. El más suave es la estigmatización ante los mercados o la sociedad mediante la publicación de una crítica o una "advertencia".

Las políticas económicas creíbles de la UE fijan fines, calendario, método y capacidad coercitiva

Luego viene el fomento que estimula mediante incentivos otorgados para lograr el objetivo, retirables si no se alcanza éste. Se aplica mucho en la política de cohesión territorial, mediante la cofinanciación o adicionalidad por la cual Bruselas financia en el entorno de tres cuartas partes de una inversión. Quien incumpla sus condiciones o no aporte el resto o presente los expedientes con retraso, perderá la ayuda.

El tercer grado son las medidas correctoras por las cuales el beneficiado debe ofrecer y ejecutar ciertas contrapartidas. En una fusión transeuropea de empresas, la resultante debe vender ciertos activos, para no vulnerar la igualdad de condiciones con sus competidores.

Y el cuarto grado son las sanciones. Todas las políticas europeas dignas de tal nombre emplean un método, la intervención supervisora de la Comisión, y atribuyen potestad sancionadora a la Comisión o al Consejo, o a ambos. Por eso funcionan. Por eso no funcionó la Agenda de Lisboa.

Veamos la práctica. La política con más solera es la de la Competencia (artículos 101 y 102 del TFUE). Bruselas la ha aplicado a rajatabla. Ha multado, por abusar de su posición dominante o imponer condiciones a terceros, a la estadounidense Microsoft, por 497 millones de euros (2004), a Telefónica con 152 millones (2007), o a Volkswagen por 102 millones (1998).

Por constituir cárteles de precios o repartirse el mercado, a los fabricantes de lunas de coches, con 1.383 millones (2008), a EON y GDF-Suez con 1.106 millones (2009); a tres cerveceras con 273 millones (2007); a ocho bancos austriacos con 124 millones (2002).

Por recibir ayudas de Estado ilegales, a devolver con intereses 3.000 millones a siete bancos alemanes en 2007. Por eso, antecesores de Joaquín Almunia en esa cartera como Karel van Miert han sido el coco, sobre todo de la industria alemana, quizá la más afectada como primera potencia.

Pero todas las otras políticas aplican sanciones o las agitan como presión disuasoria. Como la retirada de ayudas y multas en caso de usos fraudulentos de las subvenciones de la Política Agrícola (exceso de producción, uso de ayudas en cultivos distintos del previsto), del Fondo Social (desvío de recursos para formación) o medio ambiente (gestión de residuos y de aguas, urbanismo salvaje), trampas en las que Italia y España han sido campeonas.

Un caso especial de aplicación a medias es el de la política presupuestaria (techos máximos permitidos del 60% de deuda sobre el PIB y del 3% de déficit) que acompaña al euro en el Pacto de Estabilidad. Las sanciones para el que los desborde (salvo en recesiones brutales con caídas del PIB superiores al 2%) ascienden a un depósito enorme, luego multa, de entre el 0,2% y el 05% del PIB. Pero cuando la Comisión (Pedro Solbes) propuso en 2002/2003 aplicarlas a Francia y Alemania por su derroche, éstas maniobraron para que el Consejo la boicotease, consagrando un doble rasero frente a Irlanda y Portugal. ¡Y era Alemania quien había exigido seis años antes imponer el sistema rigorista de multas!

De modo que algunos alguaciles recelan ahora de compromisos vinculantes sobre empleo o I+D, que es la cera que quiere arder, quizá escaldados de ser alguacilados.