La nueva Aena mantendrá la mayoría de control en la gestión de los aeropuertos

La nueva Aena mantendrá el control en los consejos de administración de los aeropuertos individuales en los que se constituyan sociedades filiales para la gestión, con el 51% de los derechos políticos, según el modelo que presentó ayer en el Congreso el ministro de Fomento, José Blanco. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio no podrán sumar más del 39%, ya que el 10% restante corresponderá a la empresa privada que entre en la empresa matriz, que finalmente se llamará Aena Aeropuertos, SA y seguirá operando en red. La empresa privada tendrá como máximo un 30% de Aena Aeropuertos (el ministro aclaró que sí hay grupos interesados en esa privatización parcial), que se separará de Navegación Aérea, tal y como se había anunciado.

Sin novedad en el diseño básico, como le señalaron los portavoces de CiU, PNV, ICV y BNG, quienes admitieron que respecto a lo expuesto hace un año por la anterior ministra, Magdalena Álvarez, había algún avance, si bien mantuvieron su rechazo a un modelo que calificaron de insatisfactorio. Todos confiaron en mejorar algo en el trámite parlamentario la denominada Ley de Modernización del Sistema Aeroportuario, que Blanco prometió enviar al Parlamento en el segundo trimestre.

El ministro promete diálogo, si bien su diseño tiene el camino abierto con los garantizados votos del PP, que apoya las tesis del Gobierno y avisa de que vigilará que la "debilidad parlamentaria", en palabras de su portavoz Andrés Ayala, de los socialistas no lleve a un giro en su posición en este terreno.

El "papel determinante" que debían tener las comunidades y ayuntamientos se cumple, a juicio del Gobierno, con la exigencia de mayorías cualificadas para decidir algunos asuntos en el seno del consejo de administración de los aeropuertos individuales. Se requerirán dos tercios de los votos para aprobar las estrategias comerciales y promocionales, dar la luz verde inicial al plan director, proponer los presupuestos y aprobar las tasas y prestaciones públicas patrimoniales, junto a la propuesta e intervención en materia de derechos de vuelo en las decisiones no reguladas. Si el consejo se compone de 13 miembros (siete de Aena Aeropuertos, cinco de las entidades locales y uno de la empresa privada) se requerirán nueve votos.

Pero esa capacidad de veto en estas decisiones no satisface ni al Gobierno catalán ni a los nacionalistas. Pere Macías, de CiU, rechazó que las comunidades "se limiten a hacer de Doctor No" y Joan Herrera, de ICV, reclamó para ellas "capacidad de liderazgo". El Ejecutivo catalán considera "insuficiente" la propuesta de Fomento aunque cree que es "un buen punto de partida" para la negociación, según el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, pero "no plenamente satisfactorio".

Blanco recalcó mucho que el modelo presentado ayer no es el mismo que había planteado Álvarez, si bien defendió a capa y espada el modelo de red frente al individualizado, en busca del objetivo general de dotar a Aena de mayor eficacia y eficiencia en la gestión de un sistema especialmente importante para la economía española.

Sí es novedad la determinación de Blanco de abordar la reforma del servicio de Navegación Aérea, para evitar el déficit que generan las tarifas actuales (que cifró en 300 millones el pasado año) por los altos sueldos de los controladores. Pidió varias veces el apoyo del Parlamento en la eliminación de un "obstáculo estructural", sin que los diputados entrasen al trapo.

El ministro marcó la diferencia entre la gestión "autónoma" frente a la "autonómica", para rechazar que se aplique a los aeropuertos el modelo que hace una década se estableció para los puertos como pedía CiU, cuyo portavoz llegó a ironizar con la posibilidad de que "el señor Aznar fuese más generoso en materia autonómica que el señor Zapatero".

El ministro subrayó que las sociedades mercantiles particulares de cada aeropuerto tendrán todas las competencias, las mismas que tendrá Aena Aeropuertos para el resto de aeródromos.

Pero Blanco no avanzó qué aeropuertos podrán tener una gestión propia. Frente al criterio expuesto hace un año (los de más de 30 millones de pasajeros al año) ayer Blanco habló de los que tengan "alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión", junto con viabilidad económica. Obviamente esas características se aplican a Madrid y Barcelona, pero "forma parte de la negociación con las comunidades" crear filiales en otros, según dijo el ministro, que anunció un real decreto en breve para determinar qué aeropuertos son de interés general (competencia del Estado central según la Constitución) y cuáles pueden ser transferidos a otras administraciones. Además se hará posible con otro decreto que los aeropuertos que no sean de interés general puedan tener tráfico internacional.

Paralelamente, se constiturán "comités aeroportuarios" en las comunidades autónomas para coordinar e impulsar políticas aeroportuarias y coordinar las políticas urbanísticas; además de comités de desarrollo de rutas aéreas.

Con respecto a la financiación de los aeropuertos, el nuevo modelo da un paso importantísimo con la patrimonialización de todos los bienes excepto el campo de vuelos, lo único que se mantiene como dominio público. Hasta ahora todo lo que se cobra (desde los aparcamientos a los espacios publicitarios) está sujeto a la aprobación de las Cortes. En el futuro sólo irán en los Presupuestos las tasas de seguridad, la de pasajero y las de aterrizaje y utilización de campo de vuelo (que cobrarán Aena o Aena Aeropuertos). Es decir, las filiales podrán establecer sus propios precios para el uso de pasarelas, mostradores, espacios comerciales, etcétera.

Los bienes patrimonializados se adscriben a Aena Aeropuertos, SA (aunque los explotan las filiales), como también las deudas que tienen imputadas (11.412 millones de euros de los 15.000 millones que tiene toda la vieja Aena). Eso sí, el déficit que genera la tasa de aproximación (costes de control) lo asumirá Aena Aeropuertos o sus filiales.