Montilla toma las riendas de la Ley de Veguerías

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha tomado las riendas de la Ley de Veguerías. La dificultad para consensuar la nueva división territorial de Cataluña ha llevado al jefe del ejecutivo en persona y no al consejero de Gobernación, Jordi Ausàs (ERC), a intentar desencallar un proyecto que tiene revolucionados a los alcaldes socialistas -y de otros partidos-, y que técnica y jurídicamente es muy complejo, como lo demuestra que ha pasado varias veces por el consejo técnico.

El lío es tal que el Gobierno ha aplazado sin fecha la aprobación de la ley. "El Gobierno no lo tiene parado, pero no se aprobará hasta que no esté suficientemente maduro y el president decida incluirlo en el orden del día", respondió ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ejerciendo de portavoz tras la reunión semanal del ejecutivo catalán. Nadal apuntó que "el Gobierno tiene muy claro que las veguerías están en el plan de gobierno y en los programas de los tres partidos del tripartito". También es mandato estatutario.Durante la reunión del ejecutivo de ayer no fue Ausàs quien dio cuenta del estado del proyecto, sino el propio Montilla. Y le dedicó, aseguró Nadal, sólo unos pocos minutos. Fuentes próximas tanto a presidencia como al consejero quitan hierro al asunto de que éste último no interviniera: "que no hablen en la reunión no quiere decir que no lo hayan hablado fuera". Las mismas voces reprochan a Ausàs que la primera semana de diciembre pusiera fecha a la aprobación de la ley en el consejo ejecutivo. "Habló en público del 5 de enero y fue un error del consejero porque levantó la liebre", razona un alto cargo.

"Desde el departamento poco más hay que decir, el trabajo del consejero ya está hecho", justifican desde Esquerra Republicana. "El consejero no tiene más que decir", añade otra fuente. El partido de Ausàs no interpreta que Montilla aparte con su actitud al consejero, y atribuye el papel del presidente a la necesidad de "calmar los ánimos en el territorio".

Habrá que echar mucha agua fría, si se atiende a las miles de alegaciones que ha recibido el proyecto. "Miles y miles", aseguran fuentes de la propia consejería de Gobernación. El plazo de exposición pública de la ley terminó el pasado lunes y harán falta "semanas, ni una ni dos" para recontar las alegaciones recibidas. Luego habrá que responderlas una a una. Valga decir, con todo, que muchas son repetidas. Sólo procedentes de Tarragona hay "entre tres y cuatro mil", aseguran desde Gobernación. Y son repetidas -piden dos cuestiones: la capitalidad y que la veguería prevista como Camp de Tarragona se llame finalmente de Tarragona a secas-, pero hay que responderlas igualmente.

Desde el ámbito municipal aplauden que Montilla se encargue de la cuestión y se muestran seguros de que la ley se aprobará, "aunque habrá que trabajar mucho". "El problema es que quien ha hecho la ley no ha previsto los problemas que traería. No se puede decir que se ha hablado con los ayuntamientos cuando en realidad no ha habido diálogo. ¿Tanto costaba hablar con nosotros?", pregunta un alcalde y alto cargo de la Federación de Municipios que prefiere no identificarse.