El calvario de la profesora Galayo

"Comportamiento antisocial", "medida represaliante", "venganza o desquite", "violación de derechos fundamentales", "revancha".... Estos son algunos de los calificativos de la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas que condena al Obispado de Canarias a indemnizar con 210.295 euros a la ex profesora de religión María del Carmen Galayo Macías, Menchu, por daños morales y materiales. La severa decisión del magistrado Francisco José Trujillo Calvo llueve sobre mojado. Antes que él, se han pronunciado sobre el caso Galayo otro juzgado de Las Palmas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en dos ocasiones), el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Se puede despedir a un profesor por la vida privada, pero no investigarla

El 'caso Galayo' ha sido analizado por el Tribunal Supremo y el Constitucional

"Búscate la vida porque ni el obispo ni yo te vamos a contratar". Menchu Galayo no olvidará el tono con que el vicario de Enseñanza en la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, le dijo que nunca volvería a dar clases de religión. Ocurrió el 13 de octubre de 2000, cuando Galayo ya llevaba 11 cursos con contrato de Educación para enseñar Religión y Moral Católica en centros de Infantil o Primaria de Las Palmas, a plena satisfacción de la autoridad eclesiástica. Pero aquel 13 de octubre se le torció la vida. "El vicario me preguntó quién era un señor que había aparecido conmigo en un programa de televisión sobre sectas. Le dije: 'Es Jaime Rubio Rosales, un compañero'. Hipólito insistió: '¿Qué hace ese señor contigo?'. Quería saber qué me unía a Jaime. Le dije que afectividad. Así: afectividad. Y me dijo allí mismo que no me iban a contratar de nuevo".

Desde entonces, Menchu Galayo ha vivido un insólito calvario judicial, con derrotas y triunfos. ¿Acusación? "Mantener una relación afectiva con otro hombre, distinto de su esposo, del que se ha separado, estando en pecado", según los hechos contenidos en una sentencia de 2002, cuando ella tenía 55 años.

En pleito tan extravagante ha intervenido hasta el Tribunal Constitucional (TC), que en febrero de 2007 rechazó que los acuerdos España-Vaticano sean inconstitucionales, pese a permitir este tipo de despidos. Fue el Tribunal Superior de Canarias quien había apelado al TC sobre la cuestión, antes de entrar en el fondo del caso Galayo. "La enseñanza religiosa puede implicar un conjunto de exigencias, como que sus docentes destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de vida cristiana", sostuvo la polémica sentencia del TC, redactada por su presidenta, Emilia Casas.

El Constitucional, no obstante, avisó entonces de que volvería sobre el asunto, ya a fondo, si el conflicto le llegaba en recurso de amparo. Y remitió al TSJC la responsabilidad de resolverlo judicialmente. Éste sentenció que el obispado vulneró "el derecho fundamental a la intimidad" de la docente. "El vivir en pecado que señala el obispado puede justificar un despido, pero no que el obispado indague en la vida privada para averiguar quién vive en pecado y quién no. La Iglesia sólo podrá penetrar en la esfera de la intimidad personal y familiar del profesor cuando se trate de conductas íntimas con trascendencia externa. La exigencia al profesor de religión como servidor de un ministerio y no mero empleado no otorga patente de corso a la Iglesia para, bajo el auspicio de criterios estrictamente religiosos, injerirse en su vida privada", concluyó el TSJC.

Antes de ser despedida, la profesora Galayo había recibido esta carta manuscrita del obispo de Canarias: "Nos ha llegado una información debidamente contrastada de una situación irregular que de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal, el Código de Derecho Canónico y del Sínodo, nos impide otorgarte la Declaración de Idoneidad Eclesiástica. Soy consciente del que el tuyo no es caso único. Pero te aseguro que en la medida que vayamos obteniendo información debidamente verificable seguiremos el mismo criterio [contra otros docentes]. Son normas que no hemos inventado nosotros y que debemos cumplir en el Evangelio y en la Iglesia. Sabrás comprenderlo y asumirlo siempre que sepas ser cristiana y no limitarte a buscar un empleo en lugar de a realizar un ministerio".

La diócesis nunca cumplió el reiterado mandato judicial de proponer un nuevo contrato a Galayo. "Con la negativa / omisión de propuesta [de contrato], se mantiene intacta e inalterable la violación del derecho a la intimidad, sin que se haya cesado en la actuación que en su día la Sala [del TSJC] declaró nula", sentencia ahora el magistrado Trujillo. La diócesis de Canarias puede hacer lo mismo ahora, pero antes deberá depositar en el juzgado la cuantiosa indemnización a Galayo. El círculo del abuso se ha estrechado. La prueba es el ánimo con que la ex profesora Galayo ha recibido este nuevo fallo judicial. "Vivo esta Navidad y el año nuevo con tranquilidad, por primera vez en más de diez años", confesó el último día de 2009 a EL PAÍS.