Fiebre recaudatoria

No por esperado es menos dramático el alza general de impuestos y diversos servicios públicos con el que han saludado las administraciones públicas al nuevo año. Sumidos en una crisis que todavía no ha tocado fondo y que ha destruido en 12 meses millón y medio de empleos, ayuntamientos, autonomías y Gobierno central, aparentemente insensibles a los problemas que aquejan a los ciudadanos, se han aprestado a elevar tasas y gravámenes muy por encima de la inflación.

Tras la subida de impuestos de los carburantes y del tabaco el pasado año, en 2010 los contribuyentes perderán los 400 euros establecidos dos años atrás, una decisión que, en contra de lo prometido por Rodríguez Zapatero, castiga fundamentalmente a las rentas medias. Entra en vigor la subida de impuestos al ahorro y, a mediados de año, la del IVA. A ello se ha añadido la elevación de las tarifas ferroviarias (6% en Cercanías) y las eléctricas (2,6%), entre otras. Otras administraciones (del mismo o distinto color político) han aprovechado para tomar medidas similares. La más espectacular es la adoptada por la Comunidad de Madrid elevando en un 21,6% el billete de 10 viajes del transporte público.

Es probable que algunas medidas estén justificadas. Puede ser el caso de las tarifas eléctricas, aparentemente por debajo aún de sus costes de producción. No hay unanimidad tampoco contra la subida de impuestos generalizada, si bien cabe preguntarse si ésta no es prematura, dado el calado de la crisis española. Lo que resulta evidente es que el contribuyente es el más perjudicado por las decisiones de una clase política desprestigiada (es el tercer problema que más preocupa a los españoles), que incumple promesas, apenas si se molesta en explicar las medidas que toma y que cuando lo hace incurre incluso en contradicciones. La sospecha de que detrás hay un mero afán recaudatorio está más que justificada.