Aguirre quiere restringir el derecho ciudadano a la justicia gratuita

Todos los ciudadanos tienen derecho a un abogado de oficio si es que son detenidos, independientemente del dinero que posean. Este servicio esencial es extensivo a los extranjeros que son rechazados en la frontera cuando quieren entrar en España. Pero la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pretende restringir este derecho fundamental, que se recoge en la Constitución y que desarrolla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina el nombramiento de un abogado de oficio en caso de carecer de letrado.

Aguirre aprovechó ayer un acto de presentación de los nuevos juzgados para abrir la caja de los truenos. Aseguró que no seguirá pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los detenidos. Quiere abaratar la factura del turno de oficio y anunció un decreto por el que en Madrid sólo podrá tener un abogado pagado por las arcas públicas quien acredite no tener dinero suficiente para contratar uno privado.

El sistema actual, asegura la presidenta, es un "abuso" por parte de algunos letrados que presentan recursos y recursos para continuar con los procedimientos. El Colegio de Abogados de Madrid y algunas asociaciones de inmigrantes protestaron por esta medida, a la que calificaron de discriminatoria y de ir contra derecho. Pidieron a la presidenta regional que rectificara para no causar graves problemas a los extranjeros.

"No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir un año más alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita", criticó la presidenta regional. Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que en su día ya se quejó por tener que pagar un recurso jurídico planteado por el hijo del jefe de Al Qaeda, Omar Bin Landen, cuando solicitó asiló en Barajas.

La presidenta va a pedir la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso de este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se confunde con el turno de oficio y no es una materia que estuviera prevista entre las competencias judiciales transferidas desde el Gobierno central hacia las comunidades autónomas.

Estas declaraciones se producen un día después de que el Gobierno regional aprobara un gasto de 24 millones de euros para pagar parte de la factura que adeuda al Colegio Oficial de Abogados de Madrid por la asistencia letrada de todo el año 2009.

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre y explicó que se está dando una perversión de la justicia gratuita: "Lo que la presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar". Por ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia que hasta ahora llevan a cabo los abogados.

La primera consistirá en no pagar el abogado a los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero o falta de medios para pagarlos ellos mismos. La segunda intentará que los letrados no puedan recurrir "de manera permanente", aunque sus clientes ya no estén en España. Según Granados, es el típico caso que se da en Barajas. Los letrados del turno de oficio tienen que asistir a los extranjeros que no son aceptados en España. Pero luego mantienen los recursos hasta llegar a veces en casación al Tribunal Constitucional, pese a que ya no saben ni siquiera donde está su cliente.

La tercera medida afecta a los Juzgados de lo Social y a los juicios rápidos. Ambos procedimientos cuentan con asistencia letrada gratuita, pese a que muchas veces los clientes, según Granados, tienen posibilidad de sufragarse sus propios abogados. "Si despiden a un inmigrante que cobra 800 euros, lógicamente no le cobraremos el abogado. Pero si despiden a un señor que gana 2.000 euros al mes sí evitaremos pagarle el abogado", explicó Granados. En los juicios rápidos se da un caso parecido. Al tratarse, según el consejero, de procedimientos muy cortos, mucha gente con medios se aprovecha de los fondos de la Comunidad de Madrid para no pagar una factura de abogado."Esto se está dando en los juicios rápidos por delitos de tráfico. La gente es detenida y asistida por un abogado, que también lo defiende en el juicio. Habrá que arbitrar alguna medida para que pague a posteriori la factura de ese abogado", mantuvo el consejero de Justicia.

Granados adelantó que su departamento tiene casi concluido un decreto para reducir al máximo la asistencia letrada gratuita. Si recibe el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno el próximo mes, entrará en funcionamiento a la mayor brevedad posible. También está previsto que los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia se reúnan en Pamplona a finales de enero para tratar el tema.

"Con estas medidas estamos seguros de que la factura se reducirá al 50%, de tal forma que sólo tendremos que pagar 25 millones de euros al año", añadió el consejero de Presidencia, Interior y Justicia. Éste planteó que sea el propio Colegio de Abogados de Madrid el que establezca algunos controles sobre la justicia gratuita para evitar que los procesos se alarguen de manera innecesaria. "Si el propio colegio se hace árbitro, se evitarían miles y miles de recursos para cobrarlos, que lo único que hacen es colapsar el sistema judicial, de por sí, bastante sobrecargado ya", concluyó Granados.

El anuncio de Aguirre roza la anticonstitucionalidad, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Los detenidos tienen derecho a contar con abogado, desde que se les hace la lectura de derechos, según recoge el artículo 24.2 de la Constitución Española y el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Después puede ser ese abogado el que les lleve todo el procedimiento, en caso de que no hagan un cambio de letrado, tras quitarle la venia al primero.

Igual ocurre con los extranjeros que quieren entrar en España y que son rechazados por las autoridades policiales. Al tratarse de un acto administrativo, deben contar con un abogado y un procurador que les represente en todos los actos, incluso cuando no se haya iniciado un procedimiento judicial.

Esas fuentes recordaron que los módulos que cobran los abogados se mantienen intactos desde que fueron negociados en 2003. Ni siquiera se les ha aplicado el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de estos años, con lo que los abogados están cobrando en sueldos de hace seis años. "Madrid tiene graves carencias de medios y de personal en materia de justicia y la presidenta, lo único que quiere con este anuncio, es desviar la atención y mantener que el problema no es de ella", destacaron fuentes de la judicatura.

Hasta la fecha, el Colegio de Abogados no ha recibido ninguna cantidad para pagar la factura del turno de oficio correspondiente a 2009. Los letrados han planteado movilizaciones si no se soluciona este problema.