En la carretera y sin papeles

Pasa las navidades junto a una silla blanca de plástico, al pie de la N-340 a la altura de Miami Platja (Baix Camp) y seduciendo coches para tornarlos en clientes. "Hace frío, pero hay que comer", resume Monica Marinache, rumana de 33 años, ataviada con un short rosa bajo la revuelta atmósfera de diciembre y, según la policía, víctima de una red mafiosa albanesa de trata de mujeres desarticulada en octubre. Monica fue rescatada entonces de la trama dedicada a explotar a 20 mujeres y el Cuerpo Nacional de Policía se quedó con su documentación; le entregó una fotocopia compulsada de la misma.

Dos meses después, la mujer sigue prostituyéndose, ahora sin poseer el NIE (documento de identidad para extranjeros) ni el pasaporte. Sin ellos no puede enviar dinero a Rumania ni viajar al país. Allí la esperaban su madre y su hija de 10 años para celebrar las fiestas y recibir los 1.000 euros que la mujer enviaba a casa cada mes. Los tribunales de Reus y Madrid, que llevaron la causa, aducen desconocer el paradero de los papeles, lamenta su abogado. La comisaría de Tarragona, en la que prestó declaración, también se desentiende del asunto, critica la mujer."Me envían de un lado para otro sin aclarar qué pasa con mi pasaporte. Si he hecho algo que me metan en la cárcel, pero no pueden privarme de mi libertad", lamenta Monica mientras agita el atestado policial que cita sus derechos como víctima del delito de trata.

"Nunca había visto nada parecido", detalla su abogado. El letrado ha realizado gestiones ante el juzgado de instrucción número 2 de Reus, que autorizó el registro del domicilio de Monica, y también ante el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, que centralizó la causa. "Allí no hay nada, no les consta haber recibido ninguna documentación", se sorprende. El letrado quiere reunirse con los agentes que tomaron declaración a la víctima antes de tomar medidas judiciales. "Pero aún no he logrado que me atiendan", dice.

Monica también ha ido a la comisaría de Tarragona a reclamar sus papeles. "Me dijeron que me fuera sin ayudarme", se indigna. Un responsable de la comisaría explica que la retención de los documentos "es una medida que suele tomarse con los acusados, no con las víctimas". Este responsable se inclina por pensar que "los documentos deben de estar en la jefatura de Barcelona y aún tienen que mandárselos".

El embrollo es mayor porque Monica rechaza la versión policial, que la señala como explotada por una trama que la obligaba a prostituirse en la N-340. Su marido es el presunto cabecilla de la red, del que está embarazada de tres meses y medio. Señala que lo conoció hace cinco años, cuatro después de que empezara a prostituirse. "Seguiré haciendo lo mismo, tengo que ganarme la vida", advirtió a la policía dos meses atrás. Y allí sigue, en la misma carretera desde la que se despide sin desviar la mirada del espejo ante el que se repinta los labios.