Justicia fija en 3,2 millones la transferencia de servicios para las prisiones

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha estimado en un total de 3,2 millones el coste que supondría la transferencia de los profesionales sanitarios y docentes en los centros a Euskadi. La consejera Idoia Mendia confirmó ayer que la voluntad del Ejecutivo es "avanzar paso a paso en el traspaso de este personal en los próximos meses", informa Vasco Press.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Instituciones, Interior y Justicia en el Parlamento vasco, Mendía señaló que la actual línea política "no tiene como objetivo sustituir el anterior convenio" entre Osakidetza e Instituciones Penitenciarias, sino "asumir progresivamente el régimen competencial". El primer paso del Departamento de Justicia ha sido realizar "un estudio detallado del coste de la transferencia".

Actualmente, son nueve los profesores de EGB pertenecientes al cuerpo de maestros los que trabajan en las penitenciarías vascas. Tres en Basauri, cuatro en Nanclares de Oca y dos en Martutene. A este número habría que sumar los 15 docentes adscritos a centros Educación Permanente de Adultos, compuestos por 9 maestros y 6 profesores de secundaria. Según los primeros cálculos que maneja el departamento de Mendia, el coste total de la transferencia del personal docente de las prisiones se situaría en 1,2 millones.

Personal sanitario

Por otro lado, según datos de Osakidetza, el personal sanitario lo componen un total de 12 facultativos, 17 ATS y 6 auxiliares de enfermería. Esto sitúa el coste total de la transferencia del personal sanitario de prisiones en 2,1 millones.

Por otro lado, la consejera se ha mostrado decidida a poner en marcha un programa de promoción de los trabajos en beneficio a la comunidad "como medida de cumplimiento de penas que nos permita duplicar en un año el número de plazas existentes". Para Mendia, las 356 plazas actuales -156 en Álava, 130 en Vizcaya y 70 en Guipúzcoa- son una oferta "insuficiente" para cubrir la creciente demanda de medidas alternativas a las penas de prisión.

Los trabajos en beneficio de la comunidad "son una medida igualitaria, puesto que no dependen de la capacidad económica de las personas; se cumplen en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado; y promocionar valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común", ha dicho. Para aumentar el número de plazas, el Departamento de Justicia va a pedir "implicación" a los ayuntamientos, especialmente a los de mayor población.