Alcaldes de todos los partidos se suman a la revuelta contra las veguerías

La veda contra la división de Cataluña en veguerías se ha levantado oficialmente. El informe de la Diputación de Barcelona contrario a la nueva división territorial que impulsa el Departamento de Gobernación sin consenso del territorio, fue ayer el catalizador de numerosas voces críticas con el proyecto. Alcaldes de todos los partidos constataron que no hay consenso para llevar adelante la reforma, aseguraron que la división territorial no resolverá los problemas existentes y que en un momento de crisis como el actual no deben crearse nuevas administraciones.

El alud de críticas no obedece tanto a posicionamientos de partido como a las servidumbres que los alcaldes tienen con sus respectivos territorios. De esta manera, el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, que insiste en aprobar el proyecto de las veguerías a principios de 2010, tuvo que escuchar ayer duras críticas de alcaldes de su propio partido, Esquerra Republicana. Teresa Jordà, alcaldesa de Ripoll aseguró por ejemplo que el proyecto de Ausàs debería aguardar en un cajón hasta después de las elecciones "por responsabilidad". Y, mientras la dirección del Partit dels Socialistes impone sordina y se limita a decir que apoyará la decisión que tome el Gobierno acerca de las veguerías, algunos de sus alcaldes, como Manuel Bustos (Sabadell) insistieron en que "Ausàs deberá trabajar mucho para conseguir un consenso mínimo". Bustos, también presidente de la poderosa Federación de Municipios de Cataluña, insistió en que hay voluntad de acuerdo, pero pidió aclarar cómo se financiarán las veguerías y qué competencias tendrán exactamente.

Convergència i Unió, partidaria de las veguerías, se está frotando las manos ante los problemas del Gobierno para convencer de las bondades del proyecto a alcaldes socialistas, republicanos y ecosocialistas. El dirigente de Convergència Democràtica Lluís Maria Corominas lamentó ayer que el PSC y ERC se comuniquen sólo "a través de los diarios", y exigió "consenso" antes de llevar adelante la reforma.

El alcalde de Martorell, de CiU, y presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Salvador Esteve, pidió abordar la reforma tras las elecciones. "Ahora es un mal momento", constató.El presidente de la Generalitat, José Montilla, tendrá hoy la oportunidad de poner el termómetro a los sectores más críticos con la nueva ley de veguerías. Montilla se reunirá esta tarde con la denominada Comisión Municipalista, que engloba la Federación de Municipios y la Asociación Catalana de Municipios, la primera en la órbita del PSC y la segunda más próxima a Convergència i Unió. Aunque la reunión ya estaba prevista antes de que se abriera esta crisis y el motivo oficial del encuentro es que los alcaldes den su apoyo al Estatuto catalán, las veguerías ocuparán un punto preeminente en el orden del día. Fuentes de Presidencia insistieron ayer en hacer una llamada a la calma recordando que el anteproyecto de ley de veguerías todavía no está aprobado y que aún no hay fecha para que el Gobierno la rubrique. "Si la ley ha tardado 20 años en ver la luz, ahora no vendrá de tres semanas" insistieron fuentes del tripartito.

Montilla logró la semana pasada que el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, se abriera a retrasar la aprobación del proyecto a la vista de la oposición interna y externa que generaba el proyecto. La dirección del PSC, aliviada por el aplazamiento, evitó ayer pronunciarse sobre las críticas de los alcaldes y reiteró que el partido se limitará a dar su apoyo al proyecto una vez éste se haya aprobado. En idénticos términos se expresó el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien, sin embargo, recordó su compromiso con la nueva división territorial de Cataluña.

El secretario de política municipal de ICV, Màrius García, aseguró que el consenso necesario para llevar adelante la ley existe porque las veguerías están en el Estatuto. Sin embargo, pidió que el proyecto de ley aclare mejor las competencias.

La mayor parte de los conflictos abiertos responden a rivalidades históricas entre ciudades (Reus y Tarragona) o entre comarcas (Bages y Osona), pero los alcaldes que se oponen al proyecto de Ausàs prefieren apoyarse en argumentos económicos. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, considera que el proyecto no es sostenible: "no tiene lógica que haya consejos comarcales, veguerías y diputaciones, tres administraciones territoriales de segundo grado". "Esto no tiene ningún sentido y es totalmente contradictorio con las leyes de modernización de la Administración", insiste.

Con información de: Ferran Balsells, Rebeca Carranco, Lluís Visa, Eva Clota, Pere Lobato, Ivanna Vallespín y Enric Badia.