Una pensión clandestina que resiste

Un piso de la calle de Robador, en el barrio barcelonés del Raval, el pasado día 22. En la sala de estar de una vivienda situada en la tercera planta, esa mañana, la atención de todos los inquilinos se centra en la misma cantinela que se oye en tantos otros hogares españoles ese día: la de los niños de San Ildefonso. En ese piso son muchas, seis, las personas que se sientan ante el televisor, con sus números de lotería en la mano, por si les toca el gordo. La vivienda aloja en total a siete personas, todos ellos hombres, paquistaníes e indios. Pueden seguir el sorteo en casa de milagro. El Ayuntamiento cree que el inmueble funciona como una pensión clandestina y por eso ordenó su precinto, que debería haberse ejecutado el pasado día 16. Funcionarios municipales y la Guardia Urbana intentaron expulsar ese día a los inquilinos. Ellos se negaron a abandonar el piso y sólo por eso siguen allí. Abdul, el titular de la vivienda niega la acusación: "No quiero problemas Y una pensión ilegal trae problemas" dice, y aduce que sólo se trata de un piso patera.

Los inquilinos dicen que la precariedad genera la alta rotación de gente

No tuvieron tanta suerte sus vecinos del piso de encima. Ese mismo día 16, los funcionarios se presentaron en la puerta del cuarto con una orden de cese de actividad y precinto casi idéntica. La puerta de esa vivienda muestra ahora varias pegatinas que indican que el inmueble está cerrado por orden municipal. Es uno de los 12 pisos que acabaron clausurados esa jornada, en la que el Cuerpo Nacional de Policía, Mossos y Guardia Urbana inspeccionaron 15 pisos del Raval con el objetivo de atajar la venta ambulante e ilegal de latas de cerveza. Buscaban los pisos que servían como almacén para las bebidas. Fuentes policiales explicaron que en algunos de ellos se encontraron enormes frigoríficos industriales. De paso, los agentes precintaron la docena de viviendas. Todas ellas, asegura el Ayuntamiento, eran pensiones ilegales.

"Eso no es cierto, es indignante la acusación. Yo sé que Abdul comparte el piso con seis personas más, y no tengo ningún problema", se queja Julio Hernández, el propietario de los dos pisos de esa finca de la calle de Robador, que al día siguiente de la redada presentó una queja ante el Síndic de Greuges.

En la denuncia, Hernández explica que declaró ante responsables municipales que la gente "no podía entrar en su casa, por lo que les insté a que retirasen el precinto de forma inmediata. No conseguí nada". Los habitantes del cuarto piso, como los de las otras 11 viviendas, tuvieron que buscarse la vida en casas de amigos.

Son casas que comparten muchos paquistaníes e hindúes para poder asumir los elevados alquileres barceloneses. El del piso que comparte Abdul asciende a 730 euros. Sólo dos inquilinos han conseguido una oferta de trabajo y podrán regularizar su situación. El resto carece de permisos de residencia y, por tanto, no tiene empleo fijo. Así que cuesta reunir los alrededor de 150 euros que cada inquilino paga al mes para cubrir los gastos. Más el millar de euros que, dice Abdul, han costado las reformas del baño y la cocina, ahora interrumpidas. Por eso, se agolpan tres camas en las dos habitaciones más amplias de este piso de poco menos de 100 metros cuadrados, y otra cama ocupa un cuartucho. Como en tantos otros pisos del barrio.

La diferencia aquí no está en la higiene -el piso está limpio y ventilado- ni en las molestias a los vecinos. Fueron los candados en los armarios y en las puertas de las habitaciones las que molestaron a los inspectores municipales el pasado 20 de mayo. Desaparecieron tras la segunda inspección, el 8 de diciembre. El Ayuntamiento adujo, además, que los compañeros de piso no formaban una unidad familiar habitual.

Los más veteranos del piso, Abdul y Zulifgar, admiten que en los tres años que llevan viviendo en él han visto pasar a muchos compañeros, todos ellos hombres que inmigran solos y o son solteros o mandan dinero a sus familias, que se han quedado en Pakistán o en India. Pero la rotación no es alta por tratarse de una pensión ilegal. Añaden: la precariedad en la que viven hace que algunos inquilinos no pasen más de un mes en la casa. "Si les sale un trabajo en Valencia, se van allí", pone un ejemplo Abdul.

Hernández prevé reescribir hoy los contratos de alquiler que mantiene con Abdul y con el arrendatario del cuarto piso, Ahmed Sheikh, para acabar con esa temporalidad. Los nuevos acuerdos nombrarán a las personas que habitan las viviendas. El propietario explica que fue un abogado municipal quien le sugirió esta solución, que permitirá que la policía pueda comprobar que en la casa viven, efectivamente, las personas que nombra el contrato. Hernández espera lograr así la reapertura del cuarto piso y evitar el precinto del tercero, unas medidas que califica de "aberración".