El PP 'perdona' 2,2 millones a una empresa del 'caso Gürtel'

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha decidido perdonar 2,2 millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, una de las sociedades presuntamente implicadas en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP. El pasado 18 de noviembre, el mismo día que finalizaba el plazo previsto para la construcción del denominado Parque del Deporte y de la Salud del municipio, la junta de gobierno local aprobó la ampliación del periodo de ejecución por 13 meses, sin la existencia de un informe preceptivo.

La adjudicación de la obra, con un presupuesto inicial de 29,6 millones, el mayor de la historia de Boadilla, aparece en el sumario como ejemplo paradigmático del dominio de la trama de Francisco Correa, presunto cabecilla de la organización corrupta, de varias instituciones gobernadas por el PP en Madrid, según el sumario del instructor del caso, Baltasar Garzón. El Ayuntamiento mantiene que sólo pretende que la obra concluya, según afirmó ayer un portavoz, y añadió que sí existe un informe, aunque no lo aportó. En el acta de la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice que no existe tal informe.

El pliego favorecía a la firma al acabar el Parque del Deporte en 24 meses

A esta decisión se une el hecho de que el proceso de adjudicación fue criticado porque el entonces equipo de gobierno encargó en 2007 dos informes para valorar las propuestas de las dos empresas. El documento de los funcionarios municipales indicaba que la mejor oferta era la de Sacyr, mientras que el informe elaborado por un cargo de confianza del anterior alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, escogía a Hispánica, que valoró con el doble de puntos a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final. Según consta en el auto de Garzón, y en el sumario instruido por el actual responsable del caso Antonio Pedreira, un cargo del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, que está imputado con una fianza de millón y medio de euros, pudo haber intercedido para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación.

Pese a que el pliego de condiciones que regía el contrato le concedía hasta 10 puntos por terminar los trabajos en un plazo inferior a 24 meses, Boadilla le concede ahora una prórroga de 13 meses. La consecuencia será que la empresa deja de abonar la multa prevista por demoras en la entrega que fija la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que eleva la cifra hasta los casi 6.000 euros diarios.Cotejando las actas municipales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, llama la atención el hecho de que la adjudicación de 2007 se realizara en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo, 16 días antes de que se celebraran las elecciones municipales, por lo que el anterior equipo municipal se encontraba en funciones.

Quizá por ello se ausentaron varios miembros del pleno, entre ellos el entonces alcalde, Arturo González Panero -al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, llamaba "El Albondiguilla", según el sumario-, el secretario, así como el primer y el segundo tenientes de alcalde. La falta de quórum obligó a la secretaria del Ayuntamiento a celebrar una segunda convocatoria, en la que ejerció de presidenta accidental de la junta municipal Mercedes Nofuentes Caballero. Eran tenientes de alcalde Juan Siguero, actual primer edil, y Belén Húmera Contreras, ahora responsable de Obras Públicas y Urbanismo.

Estas tres personas, Juan Siguero como alcalde, Mercedes Nofuentes y Belén Húmera, como tenientes de alcalde, son las encargadas de aprobar, también en sesión extraordinaria, la prórroga de 13 meses para Hispánica, sociedad que ha cambiado su nombre por el de Assignia Infraestructuras, en un intento de alejarse en la medida de lo posible de la trama Gürtel.

Pero esta nueva concesión otorgada a una de las empresas de la presunta trama de corrupción -cuya adjudicación en 2007 se produjo tan sólo un par de semanas antes de la fecha en la que el responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, retirara dinero de la caja B de Correa con la anotación de El Albondiguilla- ha sido criticada por la oposición.

Los socialistas llaman la atención en el hecho de que la ampliación del plazo previsto se produjo sin el preceptivo informe que lo justificara. Este punto también fue abordado entre los dirigentes de la junta municipal, que citó a la misma al arquitecto municipal y director técnico de las obras, Salvador Campuzano Casado. En su comparecencia, este funcionario aseguró que su opinión era clara al respecto y que no procedía la emisión de un informe complementario. Tras la intervención del arquitecto, los ediles aprobaron la ampliación del plazo de ejecución de las obras de Hispánica.

La investigación de la adjudicación del deporte de Boadilla fue una de las obras que ha determinado, también, la decisión del juez de enviar el sumario de la trama al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habida cuenta de que entre los aforados por ser diputado autonómico del PP se encontraba Alfonso Bosch Tejedor. Éste, según Garzón: "Desde su posición en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio, y como este último reconoce en las intervenciones telefónicas él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación social. Las operaciones en las que habría intervenido se refieren a la adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora Hispánica, así como la adjudicación de unos locales a una empresa administrada por José Ramón Blanco Balín denominada Rústicas MBS".

Asimismo, el portavoz de los socialistas en Boadilla, Pablo Nieto, recuerda que la adjudicación ya fue criticada por ellos debido a "su exagerado coste financiero para las arcas municipales". Y agrega Nieto: "Una obra menos faraónica y más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no es suficiente la astronómica cifra de 30 millones de euros, las comisiones presuntamente cobradas por políticos populares o el retraso de más de un año en las obras. Es una burla a los ciudadanos de Boadilla que el Ayuntamiento renuncie a una millonaria indemnización en beneficio de una empresa bajo sospecha".

En este sentido, la oposición denuncia que dos años después el PP ha aprobado la contratación de las obras del "retranqueo de las tuberías del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las obras de la Ciudad del Deporte y la Salud" por un valor de 175.277 euros.

Este gasto, en opinión del partido socialista de Boadilla, debería ser asumido por Constructora Hispánica, ya que en el momento de la adjudicación del multimillonario contrato se conocía la ubicación de las infraestructuras del Canal. Por su parte, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, no quiso hacer declaraciones al respecto.