"Lo degollaron miserablemente"

"Lo degollaron. Lo degollaron miserablemente". Con estas palabras, un demudado Álvaro Uribe anunció en la noche del martes a los colombianos la suerte del gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, secuestrado horas antes por un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El cadáver, que tenía amarrado un cinturón de explosivos, fue encontrado en un paraje cerca del aeropuerto de Florencia, la capital provincial. El crimen supone un verdadero desafío de la guerrilla al Gobierno y ha puesto en jaque las negociaciones que se sostenían para la liberación de dos militares rehenes de las FARC. Las condenas internacionales no se han hecho esperar.

El crimen pone en peligro ocho meses de negociaciones para liberar rehenes

Grupos humanitaros denuncian "las crueles tácticas de las FARC"

Las fuerzas de seguridad criban la zona del secuestro para dar con los autores, que las autoridades han identificado como miembros de la columna Teófilo Forero, uno de los comandos más sanguinarios de la guerrilla. El grupo, disfrazado con ropa militar y provisto de armas largas, había tomado por asalto la casa del gobernador, que acababa de celebrar la fiesta de su 69 cumpleaños. Tras asesinar a su escolta, dinamitaron la puerta y se llevaron a Cuéllar en pijama. No llegaron muy lejos.

Las autoridades creen que el dispositivo de seguridad activado en la zona, en el que participaron comandos especiales del Ejército, llevó a la guerrilla a deshacerse del gobernador para intentar franquear el cerco. Cuéllar, además, tenía problemas en la espalda y una pierna. Optaron por degollarlo para evitar el ruido de los disparos. Según la investigación, lo dejaron malherido junto al vehículo en el que huían.

Se trata del primer secuestro de un político de alto nivel que se registra desde que Uribe asumió la presidencia de Colombia, en agosto de 2002. Y se produce justo en el momento en el que el país esperaba la liberación de los soldados Pablo Moncayo y José Daniel Calvo, que llevan 12 años en poder de las FARC. La víspera del secuestro de Cuéllar, Uribe y los familiares de los rehenes habían instado a la guerrilla a cumplir con lo pactado. "Hemos atendido todas las exigencias. ¿Por qué no los liberan?", se preguntaba el presidente.

Los sucesos de Caquetá han dado un brusco giro a la situación, y podrían poner en peligro ocho meses de negociaciones. Uribe acusó a la guerrilla de engañar al país y abogó por la opción del rescate militar de los rehenes.

Detrás de esta aparente incongruencia de las FARC hay, sin embargo, un objetivo muy definido, en opinión del analista Román Ortiz, experto en temas de seguridad. "Estamos ante la estrategia habitual de las FARC: abren espacios de negociación y al mismo tiempo llevan a cabo actos de provocación para hacer creer a la opinión pública que el culpable de que no haya avances es el Gobierno. Ocurrió lo mismo en 2006, por ejemplo, cuando en pleno acercamiento para un intercambio humanitario atacaron la escuela de guerra de Bogotá. Las FARC usan la negociación para desgastar al Gobierno".

No hay que olvidar tampoco el contexto político que vive Colombia, sumida en un clima preelectoral que desembocará en marzo en los comicios legislativos, y en mayo en la elección presidencial, a la que Uribe podría presentarse por tercera vez. Los servicios de inteligencia han alertado de una escalada de violencia por parte de la guerrilla, que pretendería no sólo desestabilizar, sino mostrar que, pese a los importantes reveses sufridos en estos siete últimos años, sigue teniendo capacidad de maniobra.

El secuestro y asesinato de Cuéllar constituye, sin lugar a dudas, un golpe de efecto contra la política de Seguridad Democrática, la bandera del presidente Uribe. El izquierdista Polo Democrático y algunos analistas, como León Valencia, de la Fundación Nuevo Arcoiris, creen que la estrategia gubernamental, que ha logrado arrinconar y diezmar a una guerrilla que llegó a controlar buena parte del país, ha llegado a una "situación de crisis".

"De ninguna manera", sostiene el experto Alfredo Rangel, que advierte sin embargo contra el riesgo de la autocomplacencia. "Se ha bajado la guardia en general, pero la política de Seguridad Democrática no es cuestionable. Las acciones de las FARC han decaído este año con respecto a 2008 a nivel nacional, pero han aumentado en Caquetá, Cauca y Nariño, regiones donde ha habido un descenso de acciones militares. Esto tiene que ver con la inseguridad jurídica en la que se encuentra el Ejército, sometido a una reciente avalancha de denuncias, muchas veces falsas".

La situación de debilidad ha llevado a las FARC a modificar su estrategia. De ahí que ahora recurran a las emboscadas en zonas rurales, los explosivos y a la intensificación de acciones terroristas. "Buscan operaciones puntuales de bajo riesgo y gran exposición pública para dar una imagen de fuerza, aunque estén muy debilitadas. Como hace ETA", explica Román Ortiz.

Las condenas por el asesinato de Cuéllar no cesan. La ONU recordó ayer que la toma de rehenes, "práctica recurrente" de las FARC, "constituye un crimen de guerra". La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, que tiene a las FARC en su lista de grupos terroristas, emitieron comunicados de repudio. A ellos se sumaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para quien este crimen muestra "las crueles tácticas de las FARC", que incluyen "matanzas de civiles, como la perpetrada en febrero contra 17 indígenas awá, secuestros, reclutamiento de menores y el uso indiscriminado de minas antipersona".