PSE y PP revisan su postura para dar cabida a 'otras' víctimas de la violencia

La Cámara vasca instó ayer de forma unánime al Gobierno vasco a "continuar" con el informe de víctimas de violencia de motivación política que ya fue presentado en junio de 2008 y a elaborar, en un plazo inferior a seis meses, una "propuesta de medidas de reparación". La unanimidad con la que los integrantes de la comisión de Derechos Humanos aprobaron el texto supone un cambio de rumbo en las posiciones de PP y PSE, que criticaron con dureza el texto del que ahora se pide continuidad. El "Informe de víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política" fue publicado por el entonces director de Derechos Humanos, Jon Landa (EA) y también agrupa los casos de muerte por tortura.

El PP admitió que existen "otras personas que han sufrido la violencia"

El acuerdo elimina la "parcialización" de las víctimas, según Ezenarro

La resolución, una enmienda transaccional acordada entre Aralar y PSE y aprobada por el resto de grupos parlamentarios, busca proseguir en la labor de recoger en un informe a las víctimas de violencia ejercida por motivaciones políticas. Esto se traduce en víctimas de finales de la década de 1970 y de la Transición que sufrieron los ataques de cuerpos policiales, agentes fuera de servicio, grupos de ultraderecha o parapoliciales. Tanto el PP como los socialistas se habían caracterizado por su tibieza ante el reconocimiento de otras víctimas que no sean las del terrorismo. En esta línea, el estudio de Landa fue duramente criticado en junio de 2008 por ambos partidos, cuando el PSE se encontraba todavía en la oposición. El actual consejero de Interior, Rodolfo Ares, fue uno de los parlamentarios que criticó la falta de rigor del informe de Landa -una opinión compartida por la responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa-. Tanto el PP como el PSE coincidieron por aquel entonces que era una "humillación a las víctimas del terrorismo" y los populares pidieron la dimisión de Landa y del entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. El informe cifró en 109 las personas que murieron por violencia por motivaciones políticas y en 538 los heridos.

La votación vino precedida de la denegación en la Cámara vasca de una enmienda de Aralar para dotar a este estudio de una partida presupuestaria que el PSE y el PP denegaron.

Tras la votación, el parlamentario socialista, Jesús Loza, explicó que, al presentar una enmienda conjuntamente con Aralar, buscan realizar "un estudio que complemente" el ya realizado, buscando confeccionar un "trabajo con rigor", señaló, que estudie caso por caso a las víctimas para alcanzar el rigor del que carecía, a juicio de los socialistas, el estudio presentado en 2008. La intención de Loza de complementar el informe impulsado por el tripartito que gobernó en la pasada legislatura con un estudio que lleve el membrete de los socialistas contrasta con la resolución aprobada, y que subraya la necesidad de "continuar" con el informe de Landa. "Vamos a tener dificultades", subrayó Loza, en referencia a la clasificación de estas víctimas que se realizará en adelante, en el plazo de seis meses. Loza remarcó que no quiere retomar debates pasados.

Carlos Urquijo, parlamentario del PP, admitió durante el debate del texto que , además de las víctimas de terrorismo, "ha habido otras personas que han sufrido la violencia" y que no han sido reconocidas. La impulsora de la iniciativa, Aintzane Ezenarro (Aralar), se congratuló por el acuerdo logrado y de que "el Gobierno quiere acometer esta tarea pendiente". Además, recalcó que antes de pasar a la fase de memoria histórica, se debe completar la etapa del reconocimiento, ya que este acuerdo propiciará que se "arregle la parcialización de las víctimas".