PP y BNG negocian suavizar la nueva Lei de Caixas para evitar recursos

PP y BNG intentan evitar que la reforma de la Lei de Caixas que han pactado pueda ser tumbada en los tribunales. Los dos partidos buscaban ayer la manera de modificar el punto que obliga a las cajas a renovar en dos meses a todos los integrantes de sus asambleas y consejos de administración, un aspecto conflictivo que puede dar alas a Caixanova o a otros organismos contrarios a la fusión para presentar un recurso.

El texto legal pactado por populares y nacionalistas, que hoy se debatirá en la comisión parlamentaria de Economía, contrasta con lo que dice la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), la norma que regula el funcionamiento de los órganos de gobierno de estas entidades financieras. En su artículo nueve, la Lorca establece que los consejeros serán elegidos "por mitades", una regla que está pensada para otorgarles mayor estabilidad. Caixa Galicia renueva, cada dos años, al 50% de los representantes de todos los grupos (entidades sociales, impositores, ayuntamientos y empleados). Caixanova lo hace por partes: el año que viene le tocaría a los grupos de impositores (clientes) y los empleados.

El presidente de la Fegamp cree que se ha marginado a los ayuntamientos

Tras la negociación, el PSdeG mantiene el 60% de sus enmiendas

Para evitar un recurso que, basándose en este punto de la ley, pueda prosperar y dar al traste con los planes del Ejecutivo autonómico -que apuesta junto con los sindicatos y el BNG por una caja única en Galicia-, PP y Bloque estudian cambios que dilaten la renovación de una parte de las asambleas. Eso sí, siempre garantizando la entrada de la representación parlamentaria fijada por la reforma de la Lei de Caixas, que será del 20% en Caixanova y del 25% en Caixa Galicia. Para blindar la nueva norma, la Xunta también está realizando consultas jurídicas.

Al mismo tiempo, fuentes de Caixanova confirman que sus abogados barajan "todas las posibilidades" frente a la futura ley. En el entorno de la entidad que preside Julio Fernández Gayoso la norma se ve como un verdadero asalto a la autonomía de la institución, y, más aún, considerando que ninguna de las últimas diez reformas que se han aprobado en España obliga a reelegir a los órganos de gobierno en tan poco tiempo. Gayoso se verá forzado a abandonar su cargo por razones de edad (el límite para los consejeros se establecerá en 70 años), al igual que sus dos vicepresidentes, Guillermo Alonso Jáudenes y Alfonso Zulueta.

El PSdeG, que comenzó apoyando la reforma con carácter de urgencia, se ha desmarcado por completo de su desarrollo. Ayer anunció que mantendrá el 60% de sus enmiendas, es decir, todas las que tocan asuntos de calado. El partido que lidera Manuel Vázquez propone, entre otras cosas, obligar a los altos cargos a publicar sus sueldos. Los socialistas defienden además la presencia actual de los ayuntamientos en las asambleas y la autonomía de las cajas a la hora de decidir el destino concreto de su obra social.

Las reclamaciones que pretenden evitar PP y BNG también pueden venir de los ayuntamientos, unas instituciones que, con respecto a la actual norma, verán disminuida su representación con carácter general en un 5% (tendrán ocho consejeros menos en las asambleas de 160 miembros).

"No somos partidarios de judicializar la vida política, pero los ayuntamientos por separado podrían llegar a valorar la conveniencia de recurrir", aseguraba ayer Carlos Fernández, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La Fegamp expresó su malestar porque las modificaciones que han negociado PP y BNG no han sido consultadas a los alcaldes, que con la ley actual designan al 25% de los consejeros.