El fiasco de Air Comet deja colgados a 640 empleados y miles de viajeros

Parte del premio Gordo de la lotería recayó ayer en un grupo del trabajadores de las agencias de viajes del grupo Marsans como un capricho de guión. Pero no hay justicia poética en este guiño del azar, porque la bancarrota de Air Comet, la compañía del grupo Marsans y del presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha dejado colgados 640 trabajadores y unos 7.000 viajeros que debían volar estas navidades, según la estimación del Gobierno. Las agencias de viajes elevan a 70.000 la cifra total de afectados.

Fomento retiró ayer la licencia de vuelo a la compañía aérea por su situación de insolvencia y los problemas de seguridad que puedan derivarse, un día después de que un juez británico ordenase el embargo de sus aviones y la aerolínea cancelase todos los vuelos. Además, ha abierto un expediente sancionador que puede llevar a una multa de 4,5 millones.

La compañía presentará hoy el despido de toda su plantilla

La Agencia Española de Seguridad Aérea actuará de forma "subsidiaria" para reubicar a los pasajeros que se han quedado atrapados estos días, con billete hasta el 26 de diciembre. Se asignarán las plazas a aquellos en tránsito, es decir, que hayan realizado el vuelo de ida y tengan pendiente regresar a su origen, así como a otros por razones de "urgente necesidad" de volar, lo que se analizará "caso a caso", según la secretaria de Transportes, Concepción Gutiérrez. El resto de viajeros con reservas para más adelante tendrá que batallar con reclamaciones a la aerolínea, ya que se trata de "contratos privados". El ministerio ha habilitado números de teléfono de información (91-597 83 21 - 915 975 075 y 915 977 231) y recibirá las reclamaciones en la oficina que Aviación Civil ha habilitado en el 46 de la calle de Ribera del Loira. En otro teléfono (902 33 39 03) se pueden solicitar las plazas para volar.

Los dos primeros vuelos previstos por Fomento, a Lima y Bogotá, partirán hoy y pueden transportar a unas 500 personas. Los siguientes lo harán hasta el 26. Las aerolíneas ofrecen plazas. Iberia, por ejemplo, puede transportar 6.500 afectados.

Air Comet volaba a La Habana, Quito, Guayaquil, Lima, Bolivia y Buenos Aires y muchos afectados son inmigrantes, como ocurrió en el fiasco de Air Madrid, en diciembre de 2006. Entonces, fue Aviación Civil quien suspendió la actividad de la aerolínea al detectar problemas de seguridad, mientras que Air Comet ha quebrado por razones económicas.

Ni entonces ni ahora se ha logrado un cierre ordenado de las operaciones, pese a que la agonía financiera de Air Comet era conocida desde hace meses. El embargo de los aviones se produjo tras la denuncia del alemán Nord Bank, que había financiado el arrendamiento de la flota y reclama 17 millones.

Fomento medió hace unos días con este banco para lograr una moratoria del embargo, de forma que la compañía acabase el 12 de enero sus operaciones de forma ordenada, pasada la campaña de Navidad, y con la condición de que dejase de vender billetes. Pero, una vez logrado este acuerdo, según fuentes conocedoras de la negociación, Comet, que vendió billetes hasta el viernes, alegó que no tenía combustible para volar. Con este escenario, Fomento se eximió de su mediación, el tribunal británico embargó la flota el lunes y el resto se traduce en las protestas que trabajadores y viajeros protagonizaron ayer en el aeropuerto de Barajas. Entre los afectados, figuran las selecciones de fútbol de Ecuador y Perú que visitaban España para un torneo.

Fomento defendió su papel con Air Comet. "Abrimos un expediente el 6 de noviembre, y desde ese día hicimos controles diarios de seguridad pero nunca se detectaron riesgos, por lo que no podíamos intervenir", relató Gutiérrez.

El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que tras los vuelos de urgencia se harán las reclamaciones: "No tiene que pagar el conjunto de los españoles la gestión de Air Comet". No será fácil cobrar, porque la compañía presentará el concurso de acreedores con una deuda de 100 millones en un mes. Sus 640 trabajadores, que llevan seis meses sin cobrar, dudan también de la indemnización por el expediente de regulación (ERE) que la compañía presentará hoy para despedirles.