El PP aprueba la ley eólica en solitario y tiende la mano a las grandes eléctricas

El PP cumplió la palabra dada y sacó ayer adelante en el Parlamento la nueva ley eólica, que incorpora el canon a las eléctricas y un fondo de compensación para los municipios afectados por los futuros aerogeneradores. Lo hizo con el rechazo de la oposición, pero con el compromiso firme de que se trata de "un nuevo modelo de concurso abierto para concesiones que son limitadas".

El diputado popular Pedro Arias, que defendió el texto, despejó algunas incógnitas sobre la nueva normativa -que será desarrollada a través de diversas órdenes todavía por definir- al asegurar que una de las claves del nuevo marco legislativo pivota sobre "la profesionalidad del solicitante, que pasará por su solvencia técnica y experiencia en el sector" eléctrico. Esta premisa contrasta con el resultado del concurso eólico del bipartito, que admitió a trámite, por ejemplo, proyectos de conserveras, cooperativas lácteas, constructoras y astilleros.

Para el PSdeG se vuelve a "la etapa de Fraga, especializada en los cuñados"

Guerra prepara una ley de comercio para regular los 'outlets'

Fue precisamente esa profesionalidad y vinculación al sector defendidas por el diputado popular lo que más enervó a la oposición, confirmando un temor "que ahora se constata al recuperar un sistema que adjudicación discrecional", en palabras del socialista Abel Losada. "Volvemos a la etapa de Fraga, un gobierno especializado en los cuñados", aseguró en alusión a las concesiones otorgadas a familiares de anteriores altos cargos de Industria.

El ex conselleiro nacionalista Fernando Blanco, responsable en el bipartito del concurso eólico ahora desestimado, no fue tan lejos en el tiempo, ilustrando sus críticas hacia el nuevo marco regulador a través de lo que denominó el "modelo del abrazo", en referencia al efusivo encuentro mantenido entre Núñez Feijóo e Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, en el acto de toma de posesión del primero como presidente de la Xunta. Se hará "sin transparencia" y "con opacidad", añadió el diputado socialista. "El modo de adjudicación no está especificado en la ley, algo permitido en el derecho administrativo", admitió Arias, "pero sí el mecanismo de aplicación del canon".

"No se trata de quienes sean mejores técnicamente, ya que hoy en día los sistemas desarrollados para los aerogeneradores son de similares características; se trata de cómo se puede beneficiar mejor a los gallegos", dijo Blanco. "No prejuzguen lo que vendrá después", respondió Pedro Arias a PSdeG y BNG. Frente a este aviso, Losada contrapuso unos "intereses inconfesables", los del PP, que llevarán a que "esas órdenes que prepara Industria sean al final específicas para cada una de las empresas que finalmente saldrán beneficiadas, las grandes empresas eléctricas", dijo. La inseguridad jurídica de la nueva norma, coincidió la oposición, sólo anuncia una larga batalla en los juzgados. La definición del canon ambiental como "una figura parafiscal" realizada por Arias fue cuestionada por ambos diputados.

El pleno del Parlamento también sirvió para que el PP sacase adelante la modificación parcial de la ley de ordenamiento del comercio en Galicia, para adecuarla a la nueva directiva europea de servicios. De acuerdo con el cambio normativo, la Xunta mantiene la segunda licencia para la implantación de grandes superficies, "estableciéndose una autorización autonómica para aperturas en determinados supuestos, que pasan por proyectos de carácter supramunicipal y siempre contando con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados", según explicó el conselleiro de Economía.

Guerra aprovechó su comparecencia para anunciar que su departamento ultima una nueva ley del comercio minorista (la anterior data de 1988), "que estará lista en próximas semanas", y que abordará la regulación de los outlets y las ferias de oportunidades, definirá la figura de los centros comerciales abiertos "por primera vez en Galicia", creará una Observatorio del Comercio como órgano consultivo.